El Gobierno de Gustavo Petro confirmó que no modificará su política antidrogas, aun después de que Estados Unidos decidiera descertificar a Colombia en esta materia. El anuncio fue hecho por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien defendió los resultados obtenidos en los últimos años y aseguró que la estrategia continuará bajo los mismos parámetros.
“No, va a quedar igual. Los resultados son impresionantes”, afirmó el ministro.
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Cifras destacadas en la lucha contra el narcotráfico
Benedetti presentó un balance de los logros alcanzados, destacando las acciones de la Policía Nacional durante el actual gobierno:
- 165.000 capturados, de los cuales 693 son extraditables.
- 1.200 toneladas de cocaína decomisadas.
- Cerca de 965.000 kilos de marihuana incautados.
- 10.000 laboratorios móviles desmantelados.
Además, señaló que en lo corrido de 2025 las autoridades han confiscado aproximadamente 700 toneladas de cocaína, reflejando la magnitud del esfuerzo en la interdicción.
Diferencias con la evaluación de EE. UU.
El ministro cuestionó el método de medición de Estados Unidos, que prioriza la erradicación forzada de cultivos ilícitos como criterio principal de evaluación.
“Ellos hacen la valoración con base en la erradicación de forma forzada. Ahí está el problema del balance y por eso toman esa decisión”, explicó Benedetti.
Sustitución voluntaria: eje del modelo actual
La administración Petro ha centrado sus esfuerzos en la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, una estrategia que busca priorizar a las comunidades campesinas y el desarrollo alternativo.
El ministro comparó los avances con los de gobiernos anteriores:
- Con el modelo actual se han intervenido 53.000 hectáreas.
- La administración anterior apenas llegó a 300 hectáreas.
Enfoque en organizaciones criminales
Benedetti insistió en que la política antidrogas se enfoca en golpear las estructuras criminales, fortalecer los procesos de sustitución voluntaria y mejorar la presencia institucional en los territorios.
Sin embargo, la descertificación generó tensiones bilaterales. El secretario de Estado, Marco Rubio, responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro de la decisión tomada por Washington.
