La Sala Plena de la Corte Constitucional hizo la votación sobre el artículo primero de la Ley 2094 de 2021, el cual con cinco votos a favor y cuatro en contra, fue tumbado por el alto tribunal. Con la derogación del mismo, las facultades jurisdiccionales para adelantar investigaciones por parte de la Procuraduría, quedaron reducidas a solo temas sancionatorios.
Por lo anterior, el fallo de la Corte elimina la autoridad de los procuradores para realizar destituciones y ahora solo podrá sancionarlos, luego de que se presentara una demanda por parte de la Comisión Colombiana de Juristas, donde sobresalen los nombres del abogado José Alvear Restrepo, el senador Alexander López Maya y la excongresista Ángela María Robledo.
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“La decisión de dar funciones jurisdiccionales a los procuradores fue equivocada” comentó la Corte Constitucional, luego de anunciar su decisión sobre una de las facultades que tendrá la Procuraduría, en los futuros eventos que tengan que ver con las personas elegidas por voto popular.
A pesar de que los procuradores puedan dictar la sanción, la ejecución de la misma solamente será posible si se remite a la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual ejercería como juez administrativo y no penal, por lo que de mantenerse comenzaría a correr la sanción.
Procuraduría investiga a militares por operación que dejó 11 muertos en Putumayo
Seis altos oficiales de las Fuerzas Armadas, entre ellos varios generales, son investigados por la Procuraduría para establecer si tienen responsabilidad en una operación militar realizada en marzo de 2022 en la localidad de Puerto Leguízamo en donde murieron 11 personas, la mayoría civiles.
El Ministerio Público informó este jueves que "pudo establecer" por medio de pruebas y testimonios que en la operación militar realizada en Puerto Leguízamo, Putumayo el pasado 28 de marzo de 2022, donde "perdieron la vida 11 personas, podría verse comprometida la responsabilidad de seis altos oficiales de las Fuerzas Militares".
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Por esta razón, la investigación disciplinaria fue remitida de la delegada para los Derechos Humanos, a la Sala Disciplinaria de Instrucción, entre cuyas competencias está la de investigar oficiales militares que tengan el rango de generales.
La operación militar por la que son investigados los altos oficiales se desarrolló, supuestamente, para capturar a uno de los líderes de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC, que testigos dijeron que no se encontraban en la zona cuando los militares incursionaron.
