La Procuraduría General de la Nación presentó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para anular el contrato estatal por 1,3 billones de pesos destinado a la elaboración de pasaportes y visas en Colombia. El organismo de control sostiene que el convenio vulnera los principios de contratación pública y presenta múltiples irregularidades.
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Contrato con presuntas irregularidades
El contrato fue suscrito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal (Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A.). De acuerdo con el procurador delegado Marcio Melgosa, la contratación directa se realizó sin una licitación pública y con una subcontratación total del objeto del convenio, lo que constituye una violación al Estatuto de Contratación Estatal.
Según la demanda, la Imprenta Nacional no contaba con la capacidad técnica ni operativa para cumplir con la totalidad del contrato, por lo que recurrió a la empresa portuguesa. Esta situación, advierte la Procuraduría, configura una subcontratación indebida.
“La Cancillería debió seleccionar a un contratista idóneo mediante un proceso competitivo que garantizara la pluralidad de oferentes y la transparencia”, señala el Ministerio Público.
Falta de planeación y transparencia
Entre las falencias detectadas, la Procuraduría identificó la ausencia de estudios técnicos y de mercado, la falta de planeación adecuada y el incumplimiento de los principios de publicidad y libre concurrencia.
El documento denominado Justificación para la Selección del Cooperante Internacional no contaba con firmas responsables ni cumplía los pasos exigidos por el manual de contratación de la Imprenta Nacional.
Además, durante la visita preventiva del Ministerio Público, se evidenció que la Imprenta Nacional se limitó a recibir capacitaciones y realizar pagos, mientras que la Casa da Moneda de Portugal ejecutaba en su totalidad las actividades del convenio.
Pretensiones de la demanda
La Procuraduría solicita al tribunal declarar la nulidad absoluta del convenio celebrado el 28 de julio de 2025, así como ordenar la devolución total de los recursos recibidos por la empresa extranjera.
También pide que se apliquen intereses moratorios a la tasa máxima autorizada por la ley y que se restituyan las condiciones previas al contrato, en cumplimiento del artículo 48 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 1746 del Código Civil.
Argumentos jurídicos y hallazgos
Melgosa explicó que la Cancillería justificó el contrato en el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, referente a la contratación con organismos internacionales. Sin embargo, la participación económica de la empresa portuguesa fue solo del 21 % del total del convenio, incumpliendo el requisito mínimo del 50 % exigido por la norma.
La sesión de la Junta Directiva de la Imprenta Nacional del 18 de julio de 2025, que aprobó el acuerdo, también presentó irregularidades como convocatoria extemporánea, ausencia de actas formales y acuerdos de confidencialidad impuestos a los miembros. Estas situaciones, según la demanda, generan vicios de nulidad y de ineficacia de pleno derecho.
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Con esta acción judicial, la Procuraduría busca frenar el modelo que pretendía estatizar la producción de pasaportes bajo el actual Gobierno, asegurando que los procesos de contratación pública en Colombia se realicen con transparencia, legalidad y competencia real.
