Concluida la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, terminó el periodo de restricciones de la Ley de Garantías Electorales. Desde este lunes 22 de junio, las entidades públicas recuperan margen para contratar, firmar convenios y adoptar decisiones de personal bajo las reglas ordinarias.
¿Qué cambia desde este lunes?
El fin de la Ley de Garantías reactiva parte de la actividad administrativa del Estado después de varios meses de restricciones por la campaña presidencial. La medida impacta a entidades nacionales, alcaldías, gobernaciones, entidades descentralizadas y demás organismos públicos que durante el periodo electoral tuvieron límites para contratar y mover recursos.
El principal cambio está en la contratación directa, una modalidad que había estado restringida durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial. Con el cierre de la segunda vuelta, las entidades pueden volver a usar este mecanismo, siempre que cumplan los requisitos legales, presupuestales y de planeación que aplican a cada caso.
También se levanta la restricción sobre los convenios interadministrativos con ejecución de recursos públicos en entidades territoriales. Estos acuerdos, celebrados entre instituciones del Estado, estuvieron limitados para evitar que alcaldes, gobernadores, secretarios, gerentes o directores de entidades descentralizadas usaran recursos públicos en medio de la contienda electoral.
En la práctica, esto puede destrabar contratos de prestación de servicios, acuerdos entre entidades, procesos administrativos aplazados y decisiones relacionadas con la nómina estatal. Sin embargo, el levantamiento de la restricción no significa contratación sin controles. Las entidades deben seguir sujetas a las normas de contratación pública, función pública, presupuesto, carrera administrativa y vigilancia de los organismos de control.
¿Por qué se aplicaba la restricción?
La Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, fue creada para proteger la igualdad entre candidatos durante las elecciones presidenciales. Su objetivo es impedir que los recursos públicos, los cargos, los contratos o los convenios sean usados para favorecer campañas o intereses políticos.
Para las elecciones de 2026, Colombia Compra Eficiente había señalado dos fechas clave. La restricción a los convenios interadministrativos en entidades territoriales comenzó el 8 de noviembre de 2025, mientras que la prohibición general de contratación directa inició el 31 de enero de 2026. Como hubo segunda vuelta presidencial, las limitaciones se extendieron hasta el 21 de junio.
Durante ese periodo, la contratación directa solo podía aplicarse en casos excepcionales. Entre ellos estaban asuntos de defensa y seguridad del Estado, crédito público, emergencias educativas o sanitarias, desastres, reconstrucción de infraestructura afectada por atentados o calamidades, contratación de entidades sanitarias y hospitalarias, y gastos inaplazables para el funcionamiento de la administración.
La norma también restringió modificaciones en la planta de personal. En la Rama Ejecutiva se suspendieron vinculaciones que afectaran la nómina durante los cuatro meses previos a la elección. En el nivel territorial, la ley limitó cambios de nómina, salvo situaciones específicas como renuncias, muerte, faltas definitivas o aplicación de normas de carrera administrativa.
Lo que viene para las entidades públicas
Desde este lunes, las entidades públicas pueden retomar decisiones que habían quedado limitadas por el calendario electoral. Esto puede acelerar la ejecución de presupuestos, la firma de convenios, la contratación de servicios y los ajustes internos necesarios para el funcionamiento de cada entidad.
El nuevo escenario no elimina la vigilancia. Los contratos, convenios y movimientos de personal que se adopten después del fin de la Ley de Garantías deberán cumplir los procedimientos ordinarios y podrán ser revisados por los órganos de control si existen dudas sobre su legalidad, justificación o uso de recursos públicos.
