El Gobierno postuló a Carolina Olarte Bácares como candidata para llegar a la Corte Penal Internacional (CPI), una de las instancias judiciales más relevantes del sistema internacional. Ahora bien, esto no se trata de un nombramiento automático: su nombre entra ahora a una elección entre Estados, en la que se definirán seis nuevas magistraturas del tribunal.
La Olarte trayectoria está más ligada al derecho internacional, la academia y la representación del Estado en escenarios jurídicos externos. Hoy es embajadora de Colombia ante el Reino de los Países Bajos, ha estado vinculada a la defensa jurídica del país ante la Corte Internacional de Justicia y también figura como integrante del entorno arbitral internacional en La Haya.
Antes de su etapa diplomática, construyó una carrera larga en la academia. La Pontificia Universidad Javeriana la presenta como abogada de esa universidad, con maestría en Derecho Internacional en la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo y doctorado en Derecho en la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne. También fue decana de su Facultad de Ciencias Jurídicas entre 2020 y 2023.
Ese perfil ayuda a entender por qué Colombia la postuló por la lista B, la categoría reservada para aspirantes con trayectoria reconocida en áreas del derecho internacional relevantes para la labor de la Corte, como derechos humanos, derecho internacional humanitario y materias afines. Es decir, su candidatura no se apoya tanto en una carrera de jueza penal doméstica como en una especialización jurídica e internacional de alto nivel.
¿Por qué es importante?
La Corte Penal Internacional no resuelve pleitos entre países, sino que juzga la responsabilidad penal individual por algunos de los crímenes más graves reconocidos por el derecho internacional: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, bajo ciertas condiciones, el crimen de agresión. Ser magistrada allí significa intervenir en decisiones que tocan justicia transicional, conflicto armado, persecución de atrocidades y garantías procesales a escala global.
Ahora bien, no es lo mismo la Corte Penal Internacional que la Corte Internacional de Justicia. La segunda conoce disputas entre Estados; la primera procesa personas. Olarte conoce el terreno de la diplomacia jurídica entre países, pero la candidatura colombiana apunta ahora a un tribunal con otra lógica, otro tipo de casos y un peso político mucho más sensible. Esa diferencia es la que vuelve relevante su nombre más allá del protocolo diplomático.
La elección de los seis nuevos jueces está prevista para la sesión de la Asamblea de los Estados Partes que se realizará en Nueva York del 7 al 17 de diciembre de 2026. Los magistrados de la CPI ejercen mandatos de nueve años, así que la discusión no es menor: Colombia no solo busca ubicar a una jurista en un tribunal de prestigio, sino ganar presencia en uno de los espacios donde se define cómo se castigan los crímenes más graves del mundo.
