A pocos días de que entre en vigencia la Ley de Garantías Electorales, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) se convirtió en el foco de una fuerte controversia por la salida de más de 20 funcionarios, varios de ellos en condiciones de especial protección, como prepensionados, madres cabeza de familia y personas sindicalizadas. Las decisiones, notificadas de manera individual, generaron reacciones inmediatas y el anuncio de acciones legales por parte de los afectados.
Las notificaciones de insubsistencia comenzaron en la tarde del lunes 26 de enero y se extendieron durante la noche. De acuerdo con la información conocida, los funcionarios fueron citados uno a uno para informarles que sus cargos, clasificados como de libre nombramiento y remoción, quedaban a disposición de la nueva dirección de la entidad. La comunicación estuvo a cargo de la subdirectora del Dapre, Letty Leal, y se produjo apenas días después del nombramiento de Nhora Mondragón como nueva directora de la dependencia.
Entre los casos más sensibles figura el de Luz Dary Cruz, quien durante 25 años se desempeñó como jefe de Recursos Humanos de la Presidencia y estaba próxima a pensionarse. Su salida provocó especial malestar dentro y fuera de la entidad, no solo por su antigüedad, sino por el papel estratégico que cumplía en la gestión del talento humano. También fue desvinculada Yury Carolina Calderón, jefe de prensa del Dapre, así como otros funcionarios que habían hecho parte de equipos directivos anteriores o que acumulaban una larga trayectoria institucional.
Las decisiones resultan aún más polémicas si se tiene en cuenta que el pasado 9 de enero se expidió una circular externa dirigida a ministros y directores de departamentos administrativos, en la que, por instrucción presidencial, se exhortaba a actuar con “especial prudencia, consideración y responsabilidad” en la gestión del personal, evitando despidos masivos antes del inicio del periodo de aplicación de la Ley de Garantías, previsto para el 31 de enero de 2026.
Desde la Presidencia de la República se explicó que las insubsistencias obedecen a la naturaleza de los cargos ocupados por los funcionarios desvinculados. Al tratarse de puestos de libre nombramiento y remoción, señalaron, estos quedan sujetos a las decisiones del director o directora en turno, especialmente con la llegada de una nueva administración al interior del Dapre.
Sin embargo, versiones internas apuntan a que la ola de salidas tendría como trasfondo la intención de abrir espacios para el ingreso de personal cercano a las campañas políticas afines al actual Gobierno, en un contexto preelectoral marcado por la inminencia de las elecciones presidenciales de 2026. La primera vuelta está prevista para el 31 de mayo y, de ser necesaria, la segunda se realizaría el 21 de junio.
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La Ley de Garantías, que busca preservar la equidad en los comicios, se ha venido aplicando de manera progresiva. Desde noviembre pasado se restringieron los convenios interadministrativos y, a partir del 31 de enero, se prohibirá la contratación directa y se impondrán límites a los movimientos de nómina pública.
El remezón en el Dapre no sería un hecho aislado. Situaciones similares se han mencionado en otras entidades del Gobierno nacional, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se habló de la salida de más de un centenar de funcionarios. Todo esto ocurre en un escenario político sensible, marcado también por las elecciones legislativas de marzo y por los cuestionamientos que enfrenta el Ejecutivo en medio de distintos escándalos.
