Mientras el país centraba su atención en la absolución del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, el gobierno del presidente Gustavo Petro fue notificado oficialmente de un nuevo proceso judicial: la demanda contra el convenio de pasaportes firmado con Portugal por más de 1,3 billones de pesos.
La Procuraduría General de la Nación presentó esta acción ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solicitando la nulidad absoluta del convenio suscrito el 28 de julio de 2025, debido a presuntas irregularidades contractuales.
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¿Qué contempla el convenio cuestionado?
El acuerdo fue firmado entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM) de Portugal. Su objetivo era establecer la cooperación técnica para la producción y personalización de pasaportes, etiquetas de visas y documentos de viaje, bajo un nuevo modelo de expedición.
Sin embargo, según la Procuraduría, el convenio habría sido firmado sin cumplir los requisitos exigidos por la Ley 1150 de 2007, ya que la participación financiera de la entidad portuguesa solo alcanzó el 21 % del valor total, lejos del mínimo legal del 50 % para este tipo de contratación internacional.
Admisión de la demanda y designación del magistrado
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, admitió la demanda y notificó formalmente a la Cancillería sobre el inicio del proceso judicial. El caso será dirigido por el magistrado José Élver Muñoz Barrera.
En el documento de admisión, el Tribunal indicó que varios puntos de la demanda serán evaluados en una etapa posterior, con base en los principios pro actione y pro damnato, para garantizar una revisión exhaustiva de los hechos.
Además, se reconoció como apoderado de la Procuraduría al procurador delegado Marcio Melgosa Torrado, quien lidera la vigilancia preventiva sobre la función pública.
Lo que pide la Procuraduría
El organismo de control solicita:
- La nulidad absoluta del convenio internacional de pasaportes.
- La restitución de todas las sumas entregadas como contraprestación, debidamente indexadas y con intereses moratorios.
- Que se verifique si la Imprenta Nacional de Colombia cuenta con la capacidad técnica, operativa y financiera para asumir el proyecto, como exige el acuerdo.
Cuestionamientos técnicos y jurídicos
Para la Procuraduría, el convenio se sustentó de forma errónea en el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, que permite contratar con organismos internacionales. No obstante, la baja participación económica de Portugal y la dependencia total de la Casa da Moeda en la ejecución del contrato pondrían en duda su legalidad.
Asimismo, se advirtió que la Imprenta Nacional de Colombia no tendría la infraestructura necesaria para operar el nuevo sistema de pasaportes, lo que implicaría delegar casi toda la ejecución a Portugal, incumpliendo los principios de contratación pública.
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Implicaciones para el Gobierno Petro
Este proceso judicial se convierte en un nuevo foco de controversia para la administración Petro, que impulsó con insistencia la implementación del nuevo modelo de pasaportes. La canciller Rosa Yolanda Villavicencio ahora deberá responder jurídicamente ante el Tribunal.
Mientras tanto, el país observa cómo se abren simultáneamente dos frentes de alto impacto político: la decisión sobre Uribe y el escándalo por el convenio de pasaportes.
