Después de semanas de negociaciones entre su equipo legal y el Gobierno, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a una guarnición militar en Bogotá. El cambio de lugar de reclusión responde a preocupaciones por su integridad física y mental, según informó su abogado, el penalista Francisco Bernate, en declaraciones para El Tiempo.
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La creadora de contenido y empresaria, detenida desde abril de 2025, enfrentaba dificultades relacionadas con su seguridad y salud dentro del centro penitenciario, particularmente con la alimentación, la cual —según Bernate— estaba deteriorando seriamente su estado de ánimo y su bienestar general.
Un intento de resocialización limitado: manillas en lugar de emprendimiento
En medio del proceso judicial y el encierro, Barrera intentó acogerse a los mecanismos de redención de pena por trabajo, estipulados en la Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario) y la reciente Ley 2466 de 2025, relacionada con la reforma laboral. En este marco, se dedicó a la elaboración de manillas artesanales, una actividad que compartió con otras internas como parte de su proceso de resocialización.
No obstante, el esfuerzo no tuvo mayor repercusión jurídica. De acuerdo con Bernate, la rebaja obtenida por esta labor fue de apenas 25 a 27 días, una reducción considerada simbólica frente a la duración total de su condena. Además, su intento de convertir este trabajo en un proyecto estructurado y colectivo se vio truncado por las limitaciones del entorno carcelario.
Nuevo lugar de reclusión: una guarnición militar
El traslado de Barrera se concretó hacia la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander, una guarnición militar ubicada en Bogotá. Esta decisión surgió tras una solicitud formal de su defensa, respaldada por informes sobre su estado de vulnerabilidad dentro del penal.
El movimiento también se da en medio de nuevas estrategias legales por parte del equipo defensor, que considera acogerse a la Ley de Utilidad Pública, una normativa que permite sustituir penas de cárcel por trabajos comunitarios en el caso de madres cabeza de hogar. Sin embargo, el abogado Bernate aclaró que esta ley solo aplica cuando los delitos están ligados a condiciones de marginalidad, un punto que su defensa aún intenta demostrar ante las autoridades.
