El gobernador del departamento del Chocó, Ariel Palacios Calderón, se encuentra en el ojo del huracán por cuenta de supuestas irregularidades en la contratación durante la pandemia. Por esa razón, según informa la Fiscalía, el Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento preventiva de la libertad en su contra, por solicitud de un fiscal ante la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con un comunicado del ente judicial, esta privación de la libertad a Calderón sería de carácter domiciliario. Al mandatario local se le acusa de haber declarado urgencia manifiesta en el departamento por la crisis sanitaria, a través del decreto 0081 del 20 de marzo de 2020, por medio del cual ejerció algunas contrataciones que estarían en la lupa de la Fiscalía.
Por medio de dicho decreto, el Gobernador chocoano habría logrado una contratación directa por $220’375.148 para adquirir elementos de bioseguridad, en orden con la complicada situación que vivía el país y las facultades que tenían los territorios que decidían decretar la emergencia interna.
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No obstante, la Fiscalía habría encontrado que dicha contratación no habría contado con los filtros protocolarios para un tema tan importante, resaltando las siguientes falencias: “falta de idoneidad del contratista, presuntas falsedades en la etapa precontractual y ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos”.
Y añadió: “Se conoció que el mandatario no remitió a la Contraloría General de la República el decreto con el que declaró la urgencia manifiesta ni los soportes del proceso de contratación directa, como lo establece la normatividad vigente”.
Según la Fiscalía, el Gobernador del Chocó no realizó ninguno de estos trámites hasta que la Fiscalía hizo la solicitud en medio del proceso en su contra. Por esa razón, se le imputan los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión; por los que estará en calidad de detenido mientras avanza la investigación.
