Por medio de la resolución 36873 del 16 de junio de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso un multa a Elizabeth Loaiza por más de $136 millones por infringir las normas que regulan los términos y condiciones de publicidad al "transmitir un mensaje que no correspondía con la realidad y configurar así, publicidad engañosa".
La decisión se tomó después de realizar las investigaciones correspondientes, las cuales arrojaron que al utilizar su cuenta de Instagram para promocionar el producto 'ProMed Covid-19 Rapid Test', se pudo llegar a vulnerar los derechos del consumidor, al ser divulgado en un aforo que congrega a más de 2.1 millón de seguidores.
Frente a la publicación de Loaiza en la que aseguraba la venta de vacunas con registro Invima a instituciones, la Superintendencia anunció que entre los informes enviados por la entidad no se pudo comprobar dicha afirmación.
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"Se demostró de manera irrefutable que para la fecha del anuncio publicitario, la comercialización de dichas pruebas para la detección rápida del coronavirus Covid-19 incumplía la normatividad sanitaria,", precisó la resolución expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo junto a la Superintendencia.
Cabe recordar que la modelo borró la publicación tras hacerse viral la noticia. En su lugar público un mensaje en el que afirmaba que esperaba una respuesta por parte del medio de comunicación Pulzo, "acerca de qué fue lo que pasó con esa fake new que dieron al respecto”, aseveró.
Asimismo, Elizabeth Loaiza denunció que la información presentada por el periódico logró "ensuciar su nombre", por lo que aseguró que el caso pasaría a sus abogados “para que hagan lo pertinente del caso y tomen las acciones necesarias”.
Sin embargo, tiempo después la modelo argumentó que la publicación realizada en sus redes era un video "ilustrativo", explicación que fue sustentada con el envío a Pulzo de la documentación de otras pruebas Covid-19 que, supuestamente, son las que en verdad quería promocionar.
Esta evidencia fue contrastada con el Invima, el cual estableció que los documentos presentados cumplían con los requisitos establecidos. Según reconfirmó una fuente al portal de noticias, el registro sanitario fue emitido el 2 de abril bajo la medida de 'fast track', la cual daba flexibilidad en los requisitos a causa de la emergencia sanitaria por la cual atraviesa el país.
Tras lo sucedido, la entidad aclaró que las pruebas compartidas previamente en redes sociales, efectivamente eran fraudulentas, por lo que además reiteró que estas deben estar evaluadas por el Invima y contar con el Registro Sanitario pertinente, y solo pueden ser utilizadas por las instituciones prestadoras de servicios de salud, por lo que no están a la venta.
