En Bogotá se disputa un debate crucial sobre el tipo de Administración que realmente tenemos: ¿una capaz de ejecutar los recursos públicos para garantizar derechos y mejorar la vida de la gente, o una que anuncia transformaciones mientras mantiene congelado el presupuesto del Distrito?
La baja ejecución en el componente de inversión, el que realmente impacta a la ciudadanía, pues el de funcionamiento corresponde principalmente a obligaciones legales, durante 2024 y lo corrido hasta septiembre de 2025 demuestra que la ciudad avanza hacia un modelo en el que la gestión pública cede ante los intereses de grandes proyectos de infraestructura, mientras sectores esenciales para la igualdad, el bienestar y la seguridad quedan relegados. No porque falten recursos, sino porque la Administración de Carlos Fernando Galán no ha logrado, o no ha querido, utilizarlos.
Desde el inicio del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, la administración prometió reducir la pobreza, generar empleo y enfrentar la criminalidad. Sin embargo, los hechos demuestran que el énfasis real ha sido otro, fortalecer proyectos de gran escala relacionados con el SITP y el Metro, que funcionan como motores de acumulación de ganancias para un oligopolio privado de transporte. No es casual que la Empresa Metro sea prácticamente la única entidad con ejecución superior al 50% en 2025. Mientras tanto, los sectores responsables de mejorar las condiciones de vida de los bogotanos están paralizados.
Para el año 2024 apenas hubo un 1,8% de crecimiento de ejecución con respecto al año anterior, frente al 15,5% alcanzado en 2023. A pesar de que se entiende que esto puede deberse a un proceso de armonización presupuestal entre los Planes de Desarrollo de Claudia López y Carlos Fernando Galán, la realidad es que esto no es excusa para que en lo corrido hasta septiembre del 2025 la situación sea peor.
En 2024, entidades como Movilidad cerraron con apenas el 64.32% de ejecución; la Unidad de Mantenimiento Vial, con el 53%; la Empresa de Acueducto, con el 42%; y el IDU, con un preocupante 33%. Pero a septiembre de 2025, cuando todas las entidades deberían tener ejecutado cerca del 75% del presupuesto de inversión, la mayoría no alcanza siquiera la mitad. Movilidad registra apenas un 34%; la Unidad de Mantenimiento Vial, 25%; el IDU, un crítico 20%; la Caja de Vivienda Popular, 37%; y la UAESP, 25%. En materia de seguridad, la Unidad Ejecutora 1 alcanza solo un 22%. No hay forma de justificar que, después de casi dos años de gobierno, la Administración siga sin ejecutar los recursos que deberían estar atendiendo los problemas más urgentes de la ciudad.
En el marco del debate que realizamos en el Concejo de Bogotá denunciamos esta situación, y la respuesta de la Administración fue que las cifras no estaban actualizadas, pues al 23 de noviembre de 2025 la ejecución en inversión alcanzaba el 64%. Sin embargo, esto sigue siendo profundamente deficiente: a un mes de terminar el año, la ejecución debería estar en al menos el 92%. Además, el Gobierno insiste en que los recursos están “comprometidos”, pero comprometer no es ejecutar. Si los giros no se realizan, no hay ejecución y, por tanto, la ciudadanía sigue sin soluciones reales. El Distrito no puede maquillar su falta de gestión con tecnicismos mientras los barrios continúan abandonados y ahogados en necesidades.
Uno de los sectores donde esta negligencia es más evidente es el social. La Secretaría de Integración Social, responsable de enfrentar la pobreza y garantizar la alimentación de miles de familias, tiene programas críticos con niveles bajísimos de ejecución. El programa de “Bienestar alimentario”, solo alcanzan el 36% de ejecución a septiembre de 2025. El año pasado lograron apenas 41%. En medio de una crisis alimentaria, la Administración ha optado por racionalizar el gasto, reducir cupos y no ejecutar los recursos disponibles.
La infraestructura social tampoco avanza. El programa de “Mejora de la infraestructura de los servicios sociales”, destinado para construir y mejorar centros de cuidado y desarrollo comunitario presenta una ejecución de solo 36% en 2025, mientras que en 2024 apenas alcanzó el 3,8%. Esta parálisis en los servicios de Integración Social no se debe a falta de dinero, pues hay recursos, pero no capacidad institucional para convertirlos en obras reales que fortalezcan la prestación de servicios.
La situación es aún más crítica en las políticas de vivienda y mejoramiento integral de barrios. Programas que deberían permitir ampliar vías, formalizar asentamientos y construir espacio público —demandas históricas de todas las localidades y de los sectores populares de Bogotá— presentan ejecuciones ínfimas. “Estudios y diseños de mejoramiento de barrios” apenas llega al 12%, mientras la ciudadanía suplica que estos avances se realicen para poder acceder, en el futuro, a mejores vías y condiciones en sus territorios. El programa de “Adecuación de entornos urbanos” tiene solo 4,6%, y “Acceso a agua potable” alcanza apenas el 23%.
Las alcaldías locales, que deberían ser el primer eslabón de intervención territorial, cerraron 2024 sin superar el 50% de ejecución y en 2025 siguen en la misma situación. ¿Cómo hablar de combatir la pobreza si ni siquiera se ejecutan los recursos destinados a dignificar los barrios populares?
Ocurre lo mismo en cuanto a generación de empleo y fortalecimiento económico. El programa de “Generación y formalización de empleo” tiene una ejecución del 18% y el de “Innovación y productividad”, tan solo 28%. A pesar de ello, la Administración insiste en que Bogotá está mejorando gracias al dinamismo del sector de la construcción, que crece un 10,8%, mientras el comercio avanza apenas 1,8% y la industria cae -2,4%. Un modelo económico basado en cemento y grandes obras, pero sin empleo estable ni tejido productivo, es un modelo que excluye a la mayoría de la ciudadanía.
Lo más preocupante es que incluso las áreas que el propio alcalde ha señalado como prioritarias, como lo son Seguridad y Movilidad, también presentan niveles alarmantes de baja ejecución. En Seguridad, los programas de “Fortalecimiento de la política criminal y lucha contra estructuras delincuenciales” presentan apenas un 9% de ejecución; mientras los delitos aumentan, la ejecución disminuye. Y en Movilidad, los programas de “Seguridad vial y movilidad sostenible” apenas superan el 30%, pese a enfrentar una ciudad colapsada por vías deterioradas y miles de frentes de obra atrasados.
La ciudad no puede seguir atrapada en un modelo donde la gestión pública se reduce a discursos y a excusas “técnicas”. La ejecución presupuestal es la evidencia concreta de un Gobierno distrital que no está respondiendo a las necesidades de la gente. La vida digna no se garantiza con promesas, sino ejecutando. No es que Bogotá no tenga dinero, es que la ciudad no tiene una Administración capaz de utilizarlo para garantizar derechos.
