En política, como en la vida, la coherencia es un valor indispensable. Y sin embargo, hoy en Antioquia somos testigos de un preocupante caso de doble moral. Mientras el Gobernador del departamento acusa al Presidente de la República de actuar de forma “dictatorial” por considerar una consulta popular como mecanismo legítimo de participación democrática, él mismo impulsa una consulta en el oriente antioqueño que carece de sustento legal y viola abiertamente el orden institucional.
Desde el Congreso de la República, y como representante elegido por el pueblo antioqueño, quiero ser enfático: la consulta popular planteada por el Gobierno Nacional está amparada en la Constitución, y responde a una necesidad política profunda de destrabar las reformas que buscan transformar el país. El artículo 103 de la Constitución establece con claridad que la consulta es un mecanismo válido de democracia directa, y no es la primera vez que se propone en Colombia. No es dictadura darle la palabra al pueblo; lo contrario —cerrar los canales de participación ciudadana— sí es una amenaza a la democracia.
En contraste, el actuar del Gobernador de Antioquia revela una contradicción profunda. Su administración ha venido impulsando una consulta para la conformación del Área Metropolitana de Oriente, sin cumplir los requisitos que exige la Ley 1625 de 2013, que establece que este tipo de figuras deben contar con concepto previo y favorable de las Comisiones de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República. En este caso, la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes no dio concepto positivo, por lo que el proceso no puede continuar legalmente. Aun así, la Gobernación sigue adelante.
Peor aún, el intento de subsanar esa ausencia de concepto favorable se hizo de forma irregular. El concepto fue votado en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado cuando ya se había abierto el registro en plenaria, violando así el artículo 93 de la Ley 5 de 1992, que prohíbe de manera explícita la realización de sesiones simultáneas en una misma cámara. Esa votación, por tanto, carece de validez jurídica.
¿Dónde está entonces la defensa de la institucionalidad que tanto reclama el Gobernador? ¿En qué momento se volvió legítimo ignorar las leyes si el objetivo es conveniente políticamente? No se puede acusar al Gobierno Nacional de “saltarse al Congreso” mientras se pasa por alto —sin reparo— el ordenamiento jurídico vigente cuando no se obtiene el resultado esperado.
Desde esta curul, no solo respaldo la legalidad de la consulta popular nacional, sino también su conveniencia política y democrática. Colombia atraviesa un momento decisivo. Las reformas sociales que buscan mejorar el acceso a la salud, garantizar derechos laborales y transformar el sistema pensional han sido frenadas sistemáticamente por sectores que no proponen alternativas, pero sí bloquean el avance. Frente a ese escenario, acudir a la voz del pueblo no solo es legítimo: es necesario.
No hay mayor expresión de soberanía que permitir que el pueblo se pronuncie sobre los grandes debates nacionales. Y no hay mayor hipocresía que invocar la Constitución para criticar, mientras se pisotea para gobernar.
Antioquia merece líderes que respeten la ley incluso cuando esta no les favorece. Merece coherencia, no calculadora política. Y sobre todo, merece una conversación política seria, donde el debate no se base en titulares altisonantes, sino en el respeto por las reglas del juego democrático.
