Jamás esperé nada distinto y sin embargo, estoy sorprendida. La JEP nos cuenta que las FARC secuestraron a más de 21 mil compatriotas. No es una investigación de la JEP, son las cifras de las investigaciones de la Fiscalía, que también señalan que se ganaron $3,6 billones de pesos con esos crímenes.
La JEP reconoce que son crímenes de lesa humanidad y que son crímenes de guerra y reciben la “máxima sanción propia”: ocho años de trabajos restaurativos, sin un solo día de cárcel. Búsqueda de desaparecidos, memoriales y diálogos interculturales. ¿Eso es proporcional al sufrimiento de 21.396 víctimas, de familias destrozadas por secuestros? Y conservan sus derechos políticos, mientras cualquier colombiano que comete un delito queda excluido de poder hacer política.
La JEP solo condena a los máximos responsables –Timochenko, Catatumbo y compañía– son casi los mismos que recibieron curules en el congreso, regaladas. No obtuvieron ningún voto y sin embargo, han sido los votos definitivos para aprobar las nefastas reformas de Petro. Le dieron a la izquierda mayorías ficticias y antidemocráticas.
La JEP celebra que 41 imputados reconozcan responsabilidad, pero ¿y los miles de guerrilleros rasos? Libres y sin siquiera haber dejado información sobre lo que hicieron.
Esta sentencia, de más de 600 páginas, es un monumento a la impunidad, ¿Dónde está la verdad plena? ¿Los cuerpos de los secuestrados? ¿El dinero del narcotráfico? Nada, solo promesas vacías.
Ahora, contrastemos con el trato a las Fuerzas Armadas. ¿Cuántos generales están imputados en falsos positivos? Más de 100 en total, con cadenas de mando expuestas. Pero ¿y los cabecillas guerrilleros? Solo siete por miles de secuestros.
En el Caso 03, subcaso Costa Caribe, 12 oficiales y suboficiales –desde coroneles hasta cabos– son sancionados por falsos positivos entre 2002 y 2005. Reconocen la “presión por resultados” del Gobierno Uribe. ¿La sanción? Cinco a ocho años de TOAR: construir centros culturales para pueblos indígenas como Kankuamo y Wiwa, memoriales en Cesar y La Guajira. Estos sí con restricciones de libertad. Lo que los ciudadanos no saben es que los militares YA cumplieron CÁRCEL por esos falsos positivos, como debe ser. Ejemplos: Coronel Guillermo Gutiérrez, 15 años preso; Mayor Heber Gómez, 10 años; Mayor Efraín Andrade: 8 años; el Teniente Coronel Manuel Padilla: 12 años. Y así con 7 más. Descuentos en JEP, pero la sanción real existió y fue cárcel, como debía ser.
Ahora bien, lo más grave aún está por venir. Los miembros de la Fuerza Pública que se sometieron a la JEP pero que no reconocen responsabilidad. Vale la pena decir que este fue uno de los asuntos más importantes que logré introducir en los acuerdos cuando se discutieron en el Congreso.
La idea de la JEP era ser un tribunal de culpables, es decir prescindía de la presunción de inocencia. Aquello era aceptable para los guerrilleros pues todos tenían delitos, sin embargo era inaceptable para la fuerza pública que actúa bajo el presupuesto de la legalidad.
En la práctica, la JEP debería reconocer la presunción de inocencia y dar la posibilidad de un juicio justo. Pero aquello no existe: si usted confiesa queda libre -como los casos previamente descritos- pero si no confiesa pueden meterlo hasta 20 años a la cárcel.
Tres coroneles que no aceptaron, enfrentan penas de hasta 20 años. Es muy poco probable que esos juicios sean justos. Es un diseño que equipara las fuerzas armadas y los guerrilleros como si todos fueran delincuentes. Los hombres y mujeres de la fuerza pública cumplían sus funciones, aquellos que cometieron delitos y los confiesan deben pagar cárcel, como debían pagarla las FARC. Sin embargo, aquellos que son inocentes debían tener una instancia de juzgamiento sin sesgos, por eso en su momento propusimos una sala especial para las Fuerzas Armadas. Infortunadamente aquella no se aprobó, por lo que lo peor está por venir.
