La descertificación en materia antidrogas por parte de Estados Unidos nos ubica como un país paria en el plano político internacional. No se trata de un hecho menor: esta medida, cargada de simbolismo político y repercusiones económicas, es el equivalente diplomático a una tarjeta roja que nos aísla de los escenarios multilaterales de cooperación y de desarrollo económico, producto de las erradas, segadas e ideologizadas decisiones gubernamentales en su visión de seguridad, que finalmente afectan al pueblo colombiano.
Esta medida concluye que hay un incumplimiento sistemático en la lucha contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Detrás de esta decisión hay por lo menos tres efectos que merecen reflexión.
Primero, el político - estratégico. Es claro que Estados Unidos sigue viendo en Colombia como el primer muro de contención frente al narcotráfico hemisférico, eso es positivo; es su mejor aliado y para nosotros nuestro principal socio comercial. Por eso debe interpretarse ésta como una decisión eminentemente política. Castigan la gestión del Gobierno nacional, no al país. Como es un hecho político, se reconocen las gestiones de los alcaldes de Medellín y Cali, así como la del director general de la Policía en Washington, motivo por el cual, el memorando señala que a pesar la decisión, mantiene el apoyo en materia de cooperación a la Fuerza Pública.
Sin embargo, el talante de la administración Trump, no iba a pasar por alto los desaires, la falta de tacto diplomático, las salidas en falso del gobierno por redes sociales y principalmente, la complacencia impune con los grupos ilegales. Políticamente es el mismo escenario donde en su momento el gobierno Samper, fue descertificado al ser señalado de haber financiado su campaña con dineros del cartel de Cali, es decir del narcotráfico. En su momento nos aisló, nos ubicó al nivel de países con regímenes antidemocráticos y en los noventas, en medio de un conflicto armado degradado por la violencia, nos hizo nada atractivos para la inversión y el desarrollo, riesgo que corremos hoy día.
Segundo, el operativo. Es innegable que el narcotráfico sigue mutando con una capacidad de adaptación que supera la velocidad de la respuesta estatal. Los cultivos crecen, los laboratorios se trasladan, las rutas se diversifican. El riesgo país aumenta con un Gobierno permisivo con los grupos ilegales a costa de querer sacar unos diálogos de paz con impunidad, donde de todas las formas los violentos no han mostrado ninguna voluntad, por lo contrario, se han burlado del pueblo colombiano asesinando a la población y a miembros de la Fuerza Pública. Esto lo que les ha permitido es un fortalecimiento sin precedentes en estos tres años, producto de ceses al fuego sucesivos, agravados por la ausencia de decisiones políticas contundentes para contener su crecimiento.
A lo anterior se suma el debilitamiento progresivo de la Fuerza Pública, que ha habilitado el crecimiento de las finanzas de los ilegales. Sin presupuesto, ni capacidades de interdicción, inteligencia, movilidad aérea, sumado a la falta de decisión gubernamental y la pésima gestión administrativa que han causado demoras y falta de recursos para la erradicación manual, el crecimiento de los cultivos y la descertificación era solo cuestión de tiempo, era de esperarse.
Tercero, en la seguridad. No podemos perder de vista, frente a los discursos desesperados que proclaman la legalización de las drogas como única solución, que detrás hay carteles que se lucran de este negocio, del envenenamiento de las juventudes, del daño al medio ambiente y principalmente del constreñimiento a comunidades en regiones donde se requiere enfrentar a los grupos ilegales y arrebatarles esta fuente de riqueza, la misma que patrocina los atentados en Cali y las continuas escaladas terroristas en Cauca, la que compra drones para atacar a nuestra Fuerza Pública, la que derriba helicópteros y asesina nuestros militares y policías, la que financia la violencia política contra candidatos, gobernadores y alcaldes en diferentes lugares del país, la que condena a la población a la violencia.
La descertificación es un castigo político, pero ofrece una oportunidad para repensar el modelo de cooperación basado en el fortalecimiento de las instituciones, el ataque frontal a los grupos ilegales y un enfoque inteligente de lucha contra todos los eslabones de la cadena. No podemos seguir prisioneros de la violencia y la corrupción reproducida por la falta de decisión política, la contemplación con los grupos ilegales y la falta de norte en la estrategia antidrogas.
