La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar por el escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia contra los exgobernadores Alejandro Lyons Muskus, de Córdoba; Juan Carlos Abadía Ocampo, de Valle del Cauca; y Sandra Paola Hurtado Palacio, de Quindío.
Con la apertura de esta investigación, el ente de control busca establecer la veracidad de las declaraciones del exfical anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, en las cuales aseguró que los tres exfuncionarios habrían “entregado dineros con el fin de obtener como contraprestación beneficios ilegales en procesos judiciales adelantados en su contra”.
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El Ministerio Público ordenó realizar varias pruebas contundentes sobre este caso para tomar medidas contra los exgobernadores investigados.
Los tres exgobernadores podrán designar un apoderado e incluso ser escuchados en versión libre y espontánea sobre los hechos que están siendo investigados, lo cual deberán informar por escrito a la dependencia encargada y así fijar la fecha y hora de la diligencia.
El Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, Wilson Alejandro Martínez Sánchez, fue desigando como funcionarios especial para que asuma la indagación de los tres casos.
Adicionalmente, la Procuraduría abrió indagación preliminar contra el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda García, y el exalcalde, Carlos Eduardo Correa Escaf, por presuntos actos de corrupción relacionados con la remodelación del Coliseo Miguel Happy Lora y en la construcción de estadios de sofball, fútbol y beisbol.
El órgano de control busca determinar posibles irregularidades contractuales en la ejecución de estos proyectos y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron las presuntas faltas disciplinarias.
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La Procuraduría también abrió investigación disciplinaria contra el exalcalde de Cajicá, Oscar Mauricio Bejarano y los exsecretarios de Planeación Germán Camilo Bello Zapata y Leonardo Higuera Espinosa, por las presuntas modificaciones estructurales al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que al parecer habrían generado cambios sustanciales en el uso del suelo del municipio.
Asimismo, busca determinar si existen irregularidades en la aprobación de licencias de urbanismo y construcción de proyectos que aparentemente no contaban con la capacidad de prestación de servicios públicos, y con la delimitación y aprobación de planes parciales, que posiblemente no cumplían con la normatividad vigente.
