El Ministerio del Interior presentó esta semana un reporte sobre el incremento de la violencia contra la comunidad LGBTIQ+, una situación que enciende las alarmas en un país que aún enfrenta altos niveles de discriminación.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estos son algunos de los tipos de violencia que afectan a esta población:
- Castigo por identidad: Ser diferente a las normas tradicionales de género puede desencadenar agresiones.
- Pánico gay/trans: Algunos agresores justifican sus actos violentos como reacción a coqueteos del mismo sexo.
- Limpieza social: Personas LGBTI+ son expulsadas de espacios públicos como bares o calles, por prejuicio.
- Percepción de identidad: Basta con parecer gay o trans para convertirse en blanco de ataques.
Esta situación no ha sido solo una alerta del Ministerio del Interior, sino también de la CIDH, que expresó su profunda preocupación por la violencia contra personas lesbianas, gays, trans e intersex, especialmente mujeres trans, en Colombia.
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A esto se suman los recientes informes del Ministerio del Interior sobre los casos más ocurridos en diferentes regiones del país:
- El atentado contra Néstor Ríos, líder y defensor LGBTIQ+, el 5 de agosto en Montería, Córdoba.
- La agresión contra Karina Carvajal Molina, mujer trans, el 30 de julio en Viterbo, Caldas.
- El homicidio de Ángelo Roso, persona transmasculina, el 29 de julio en Medellín, Antioquia.
- El transfeminicidio de Dayra Michell Martínez, mujer trans asesinada en Florida, Valle del Cauca.
Cuatro hechos violentos fueron registrados en menos de una semana en distintos territorios del país. Ante esta alarmante situación, el Ministerio del Interior hizo un llamado urgente a no ver estos actos como una cifra más, sino como un reflejo del odio y la discriminación que aún persisten en Colombia.
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En respuesta, el Ministerio del Interior, en articulación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lidera acciones clave para la protección de los derechos de la población LGBTIQ+. A través de la Mesa Nacional de Casos Urgentes (MCU), coordina respuestas inmediatas ante amenazas a la vida, la integridad y la libertad, incluyendo casos en contextos carcelarios con apoyo del INPEC.
Además, fortalece la coordinación interinstitucional con entidades nacionales y territoriales para prevenir y atender hechos de violencia, y promueve la corresponsabilidad institucional para garantizar el acceso a la justicia con enfoque diferencial y seguimiento permanente a los casos reportados.
Este anuncio también se convirtió en una invitación directa a la ciudadanía: reportar y denunciar cualquier hecho de violencia ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional es fundamental para combatir la impunidad.
