Según la justicia norteamericana, el núcleo del entramado es el denominado Cartel de los Soles, una organización que las autoridades estadounidenses y varios gobiernos de la región clasifican como terrorista. En la acusación se sostiene que altos funcionarios civiles y militares venezolanos, algunos cercanos al fallecido Hugo Chávez, habrían brindado protección institucional a las operaciones de narcotráfico.
Los documentos detallan el uso de rutas seguras, pasaportes diplomáticos, protección de vuelos y respaldo logístico para el traslado de grandes cargamentos de cocaína producida en zonas bajo control de las Farc y el ELN. La droga era movilizada por Centroamérica con apoyo de cárteles mexicanos como Sinaloa y Los Zetas, hasta llegar a territorio estadounidense.
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El papel de las Farc y la Segunda Marquetalia
En las primeras etapas del expediente, las Farc aparecen como un actor clave del esquema criminal. La acusación indica que la guerrilla colombiana habría ofrecido cocaína, entrenamiento militar y apoyo armado a cambio de armas y cobertura política por parte de sectores del chavismo.
Este señalamiento se fortaleció con la segunda acusación sustitutiva de 2020, que incluyó a Nicolás Maduro, Iván Márquez, Jesús Santrich, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y Clíver Alcalá como procesados por conspiración narcoterrorista. Desde entonces, el nombre de Márquez ha permanecido ligado al proceso, pese a los cambios en la lista de acusados.
La situación judicial de Iván Márquez sigue abierta
Aunque la acusación formal del 3 de enero de 2026 retiró a Iván Márquez de la lista principal de procesados, su situación judicial no está cerrada. Expertos citados por Cambio explican que en el sistema judicial estadounidense las acusaciones pueden ser reemplazadas, lo que permite abrir expedientes paralelos con base en las pruebas existentes.
El juez Alvin K. Hellerstein tendrá la potestad de decidir si el proceso contra Márquez continúa de forma independiente. Casos anteriores respaldan esta posibilidad: Clíver Alcalá fue condenado en abril de 2024 tras enfrentar cargos en un expediente separado.
El bufete Burnham & Gorokhov señaló que la fiscalía conserva la facultad de reactivar cargos cuando lo estime pertinente. En Colombia, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Penalistas, coincidió en que los elementos probatorios siguen vigentes, pese a las modificaciones en la acusación principal.
Una red criminal con alcance continental
Los documentos judiciales describen una alianza amplia que incluye al Cartel de los Soles, las Farc, el ELN, cárteles mexicanos y organizaciones como el Tren de Aragua. Todas estas estructuras aparecen conectadas en actividades de narcotráfico, tráfico de armas y movimiento de capitales ilícitos.
Según la acusación, incluso recursos estatales venezolanos, como fondos de Pdvsa, habrían sido utilizados para financiar estas operaciones. Nombres como Cilia Flores y Ramón Rodríguez Chacín figuran en reuniones orientadas a garantizar contactos y protección institucional.
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Uno de los episodios más sensibles documenta una reunión en 2014 entre Maduro e Iván Márquez, en la que se habría coordinado el entrenamiento de milicias, el suministro de armas y el fortalecimiento del tráfico de cocaína, procurando mantener una distancia formal entre estas acciones y el Estado venezolano.
La narrativa judicial más reciente amplía el enfoque y presenta al Cartel de los Soles no solo como una organización narcotraficante, sino como parte de un sistema de corrupción clientelar que articula a múltiples actores armados.
Con la caída de Maduro, se han registrado movimientos estratégicos de disidentes armados, entre ellos Márquez, que buscan refugio fuera de Venezuela. Mientras Estados Unidos redefine el equilibrio de poder regional y Colombia sigue de cerca el desarrollo del proceso, las consecuencias más visibles recaen sobre la población civil: conflictos fronterizos persistentes, economías ilegales activas y nuevos desplazamientos forzados.
