La violencia en la Amazonía dejó de ser un problema aislado de narcotráfico o minería ilegal para convertirse en una crisis regional que amenaza a comunidades indígenas, acelera la destrucción ambiental y expone la débil presencia estatal en una de las zonas más estratégicas del planeta.
Así lo advierte International Crisis Group en el informe ‘Proteger la Amazonía’, en el que alerta sobre la expansión de redes criminales en territorios amazónicos de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela.
De acuerdo con el análisis, el crimen organizado combina cada vez más actividades como minería ilegal, tala, tráfico de fauna, control de rutas fluviales, acaparamiento de tierras y narcotráfico. Además, el informe señala la expansión de grupos criminales brasileños hacia países vecinos para controlar rutas y cadenas de suministro ilegales.
“Aprovechando la debilidad de la gobernanza, estos grupos se adentran en la selva protegida en busca de nuevas rutas para el narcotráfico y zonas para la minería ilegal, dejando una huella profunda y, en ocasiones, irreparable en el medio ambiente”, señala el documento.
Comunidades bajo control criminal
Uno de los puntos más graves del informe es que la violencia en la Amazonía ya no se expresa únicamente en enfrentamientos armados visibles. Ahora también se manifiesta mediante control territorial, amenazas, reclutamiento forzado y desplazamientos silenciosos de comunidades indígenas y campesinas.
Según el documento, los grupos criminales imponen reglas propias, cobran extorsiones, controlan el transporte fluvial y deciden quién puede entrar o salir de determinados territorios.
Esta situación ha llevado a muchas comunidades indígenas a vivir bajo un régimen de miedo permanente. Denunciar resulta casi imposible por la ausencia del Estado y el temor a represalias armadas.
El informe también advierte sobre el reclutamiento de jóvenes indígenas por parte de redes criminales, que ofrecen dinero, protección o acceso a bienes básicos en regiones marcadas por la pobreza, el aislamiento y la falta de oportunidades.
Además, las mujeres indígenas aparecen entre las principales víctimas de explotación sexual, trata y violencia asociada a campamentos mineros ilegales y corredores del narcotráfico.
Oro ilegal, tala y deforestación
El análisis sostiene que la economía criminal amazónica se volvió más sofisticada y rentable. Aunque el narcotráfico sigue siendo una actividad central, el oro ilegal se ha convertido en uno de los principales motores de violencia y destrucción ambiental.
La minería ilegal genera ganancias rápidas, facilita el lavado de dinero y requiere menos infraestructura que el tráfico de cocaína. También provoca contaminación por mercurio, destrucción de ríos y disputas armadas por territorios.
El informe advierte que las redes criminales aprovechan vacíos legales y corrupción institucional para infiltrar cadenas comerciales aparentemente legales. Esto permite que el oro extraído ilegalmente se mezcle con producción formal y llegue a mercados internacionales.
La tala ilegal, el tráfico de madera, el tráfico de fauna y el acaparamiento de tierras para ganadería extensiva también aparecen como fuentes crecientes de financiación criminal.
En la Amazonía colombiana, el documento describe cómo la construcción de carreteras ilegales y la expansión ganadera avanzaron tras la desmovilización de las Farc en 2016, en medio de disputas entre nuevos actores criminales.
Medidas insuficientes frente a la crisis
International Crisis Group cuestiona las respuestas centradas en la militarización de la Amazonía. Según el informe, las operaciones militares temporales suelen desplazar a los grupos criminales de un territorio a otro, sin desmantelar las economías ilegales.
El documento también señala que estas medidas pueden aumentar la desconfianza de las comunidades indígenas hacia las autoridades.
Para la organización, la principal debilidad de los Estados en la región es la falta de presencia institucional sostenida: justicia, servicios básicos, infraestructura y alternativas económicas legales.
El informe recomienda fortalecer la cooperación regional, mejorar la trazabilidad de minerales y madera, ampliar la protección de territorios indígenas y trabajar de cerca con las comunidades.
“La destrucción ambiental y el crimen organizado son hoy fenómenos inseparables”, advierte el documento, al señalar que la Amazonía podría acercarse a un punto de no retorno si las economías ilegales continúan expandiéndose al ritmo actual.
