Las autoridades federales de Estados Unidos capturaron a dos hombres y una mujer en la isla de Saint Thomas, en el Caribe, señalados de integrar una presunta red de prostitución que también ocultaba a inmigrantes indocumentados. La información fue confirmada por el Departamento de Justicia.
Los detenidos fueron identificados como Magda Castro Santos, de 39 años; Hussein Jamil, de 56, y Julio Hidalgo De Pena, de 65. Las capturas se realizaron tras una orden emitida por un juez federal en las Islas Vírgenes estadounidenses, según detallaron las autoridades en su sitio web oficial.
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De acuerdo con los documentos judiciales, los tres implicados habrían participado en actividades ilícitas dentro del Tootsys Gentlemen's Club, un establecimiento nocturno que, según la investigación, funcionaba como fachada para un burdel.
Las autoridades señalan que Jamil era el propietario y administrador del lugar, mientras que Castro Santos e Hidalgo De Pena se encargaban de su operación diaria, facilitando la explotación sexual dentro y fuera del local.
Reclutamiento a través de redes sociales
La investigación indica que el grupo utilizaba redes sociales para atraer mujeres, tanto ciudadanas estadounidenses como inmigrantes en condición irregular, con el fin de trabajar como bailarinas.
Sin embargo, una vez en la isla, las víctimas eran presuntamente obligadas a participar en actividades de sexo comercial para generar mayores ingresos. Esto incluía servicios dentro del club y encuentros privados con clientes que pagaban por llevarlas fuera del establecimiento.
Según las autoridades, cada uno de los implicados tenía un rol específico dentro de la estructura. Castro Santos habría actuado como coordinadora, encargándose de asignar clientes, supervisar pagos y organizar las actividades de las mujeres.
Por su parte, Hidalgo De Pena se encargaba del transporte, movilizando a las trabajadoras desde una residencia hasta el club. Este inmueble, según la investigación, era alquilado por Jamil, quien además habría financiado los viajes de algunas mujeres para trasladarlas hasta Saint Thomas.
Cargos y posibles condenas
Los tres acusados enfrentan cargos por conspiración para transportar personas con fines de prostitución, así como por facilitar viajes interestatales y extranjeros vinculados al crimen organizado.
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Además, están imputados por presuntamente contratar a inmigrantes indocumentados con fines económicos, lo que agrava su situación judicial.
En caso de ser declarados culpables, podrían recibir penas de hasta cinco años de prisión por los delitos relacionados con transporte y conspiración, y hasta diez años por la contratación ilegal de migrantes.
Las autoridades continúan con el proceso judicial mientras avanzan las investigaciones sobre la posible magnitud de esta red y la identificación de más víctimas o implicados en el caso.
*Con información de EFE*
