En una decisión que marca un punto de inflexión, el Parlamento de Israel (Knesset) dio luz verde a un proyecto de ley que permitirá imponer la pena de muerte a palestinos condenados por asesinar a ciudadanos israelíes. La medida, respaldada por sectores de extrema derecha, contó con el voto a favor del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien participó activamente en la sesión.
La aprobación se produjo días antes del receso de primavera del Legislativo y es considerada el resultado de años de presión política para endurecer las sanciones.
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Cómo funcionará la nueva normativa
El texto aprobado establece que la ejecución por horca será el castigo principal para palestinos en casos de homicidio en Cisjordania. Sin embargo, para ciudadanos israelíes, los tribunales tendrán la opción de imponer cadena perpetua o pena capital.
La ley especifica que no tendrá carácter retroactivo, por lo que no aplicará a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor.
La decisión ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos, tanto locales como internacionales, que califican la norma como “racista y cruel”.
Juristas, así como Naciones Unidas, advierten que la ley introduce una diferencia en el tratamiento judicial entre palestinos y ciudadanos israelíes. En particular, los tribunales militares, que juzgan a palestinos no ciudadanos, estarían obligados a imponer la pena de muerte en casos considerados actos terroristas, con limitadas posibilidades de conmutación.
Por su parte, los tribunales civiles sí podrán elegir entre distintas sanciones cuando los acusados sean ciudadanos israelíes.
La aprobación representa una victoria política para Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, quien promovió la iniciativa durante años. Incluso, en los días previos a la votación, generó controversia al portar un símbolo de una soga como representación del castigo.
Tras el resultado, Ben-Gvir aseguró que se trata de “la ley más importante” aprobada en los últimos años y reafirmó su intención de aplicarla plenamente.
Dudas legales y cuestionamientos internacionales
Expertos han señalado que la aplicación de esta ley en Cisjordania podría entrar en conflicto con el derecho internacional, ya que este territorio no es reconocido como parte soberana de Israel.
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Además, se ha advertido que la norma no contempla la posibilidad de amnistía, lo que podría contradecir tratados internacionales. El texto también fija un plazo de 90 días para ejecutar las sentencias una vez queden en firme.
Aunque la legislación israelí contempla la pena de muerte para delitos graves como genocidio o espionaje en guerra, su aplicación ha sido excepcional: la última ejecución ocurrió en 1962, cuando fue condenado el criminal nazi Adolf Eichmann.
La nueva ley tampoco se aplicará a los responsables de los ataques del 7 de octubre de 2023, ya que se prepara un marco legal independiente para esos casos.
Desde la oposición, algunos legisladores han advertido que esta medida podría afectar futuras negociaciones sobre rehenes, en un contexto regional altamente sensible.
