El Gobierno de Venezuela informó la excarcelación de 88 personas detenidas después de la crisis política que siguió a las presidenciales de julio de 2024, cuando Nicolás Maduro fue proclamado reelecto en medio de denuncias de fraude de la oposición. La cifra, sin embargo, no cierra con los conteos de organizaciones de familiares y de derechos humanos, que también advierten que varias salidas podrían ser bajo condiciones que limitan la libertad real.
Lo que dice el Gobierno y lo que no aclara
El anuncio lo difundió el Ministerio para el Servicio Penitenciario, que atribuyó las detenciones a “acciones violentas” posteriores a la elección y presentó las salidas como resultado de una “revisión integral” caso por caso. En el mismo mensaje, el Gobierno habló de medidas cautelares, una frase clave porque puede implicar restricciones como presentaciones periódicas ante tribunales o prohibiciones para salir del país.
El vacío central es verificable: hasta ahora no se ha publicado un listado oficial completo con nombres, figura jurídica y condiciones de cada excarcelación. Sin ese documento, la discusión queda en manos de reportes fragmentados y verificaciones parciales, algo que en Venezuela suele prolongar la incertidumbre para las familias.
La cifra en disputa y el peso de Tocorón
La agencia Reuters señaló que esta sería la segunda liberación masiva en dos semanas, después de otra anunciada el 26 de diciembre. En paralelo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos dijo haber confirmado al menos 55 excarcelaciones, la mayoría desde la prisión de Tocorón, uno de los centros de detención más mencionados en reportes recientes.
Otro grupo, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, habló de 87 personas excarceladas desde ese mismo penal en la madrugada de Año Nuevo y volvió a pedir una amnistía general. El contraste es incómodo: el Gobierno comunica un número redondo, mientras las organizaciones cuentan salidas concretas y aun así no logran llegar al total oficial.
Libertad condicionada, opacidad y el tamaño del problema
Para muchas familias, “excarcelación” no equivale a volver a la normalidad. En liberaciones previas, organizaciones civiles han advertido que varios beneficiados quedan bajo régimen condicionado, con restricciones que, en la práctica, reducen su margen de movimiento y de expresión pública.
Además, el debate ocurre con un telón de fondo grande: Foro Penal ha reportado alrededor de 902 presos políticos (corte de mediados de diciembre), incluyendo adolescentes y personas con doble nacionalidad. Incluso si las 88 salidas se confirmaran una por una, la cifra sugiere que el universo de detenciones asociadas a motivos políticos seguiría siendo alto.
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En agosto de 2024, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza tras las elecciones. Y Human Rights Watch ha documentado abusos en el contexto poselectoral. En ese marco, las excarcelaciones pueden leerse como descompresión, sí, pero también como parte de un esquema donde el Estado decide quién sale, cuándo y bajo qué reglas, sin suficiente transparencia.
