La Corte Suprema de Justicia habría tomado la decisión de abrir una investigación preliminar contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, luego de recibir una denuncia que lo señala por una supuesta manipulación en la votación que se llevó a cabo para validar la viabilidad de la consulta popular el pasado 14 de mayo.
Uno de los hechos que dejaron en evidencia las votaciones fue la denuncia en la que se indicó que se permitió cambiar el sentido del voto del senador Édgar Díaz después de que ya se había cerrado formalmente la votación.
Esta presunta irregularidad encendió las alarmas sobre la transparencia de un proceso legislativo que puso en el centro el debate sobre el rol que Cepeda jugó al momento de la sesión definitiva. La denuncia se basa en el cierre anticipado de la votación y la posterior autorización para modificar un voto, lo que podría constituir un delito contra la participación democrática y la función pública.
Uno de los cargos mencionados es la perturbación del certamen democrático, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, prevaricato por acción y omisión de actos propios del cargo.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema, presidida por el magistrado César Augusto Reyes, asumió el caso y ordenó la recolección de pruebas y testimonios correspondientes para sustentar la indagación.
Reyes citó al senador Cepeda para que rinda una versión libre sobre lo sucedido en la polémica votación. Si bien se trata de una investigación preliminar, el alto tribunal considera que hay suficientes elementos para indagar a fondo la conducta que el congresista tuvo al momento de llevar a cabo el proceso.
Este tipo de proceso sigue intensificando el escrutinio público contra Cepeda, quien es uno de los principales opositores visibles que tiene el Gobierno comandado por el presidente Gustavo Petro.
Cepeda ha liderado, junto con su equipo jurídico, la estrategia legislativa para bloquear la iniciativa con la que el Gobierno buscaba que la ciudadanía votara a favor de la reforma laboral, que inicialmente fue tumbada en la Comisión Séptima del Congreso. Sin embargo, ante la insistencia del oficialismo con esta movida, el Legislativo decidió volver a debatir la reforma, que al final tuvo una aprobación concreta y posterior sanción presidencial.
El pasado 18 de junio, el presidente del Senado envió una comunicación de carácter oficial a la Casa de Nariño. En ella se notificaba el resultado de la votación, en la que 52 senadores denegaban la propuesta, mientras que tan solo 2 la apoyaron. Esto constituyó la caída de la consulta popular 2.0.
Dicha carta citaba como sustento legal el artículo 104 de la Constitución Política de Colombia y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, la cual regula los mecanismos disponibles para la participación ciudadana.
