El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, condenado en 2011 a 35 años de prisión por desaparición forzada durante la retoma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, expresó que por ahora no quiere ir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La carta de Arias Cabrales
"De manera consciente, libre y voluntaria dejo sin ningún efecto la manifestación de acogerme a la JEP (…) Es mi deseo que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de cierre de la jurisdicción penal, continúe con el conocimiento del recurso extraordinario de casación", señaló mediante una carta dirigida a Néstor Raúl Correa Hénao, secretario ejecutivo de la JEP.
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No obstante, Arias Cabrales manifiesta que aunque por ahora no desea acogerse a la Jurisdicción, no descarta regresar luego de que se expidan la ley estatutaria y los decretos reglamentarios en los que se fijarán los procedimientos y funcionamientos del Tribunal Especial para la Paz.
"Lo anterior no obsta para que, una vez se expiden la Ley Estatutaria y los Decretos Reglamentarios que señalen el procedimiento y funcionamiento del Tribunal Especial para la Paz, analice la posibilidad de acogerme al Sistema".
Cabe recordar que, la condena emitida por el Tribunal Superior de Bogotá hace seis años, indicó que existen pruebas para señalar que cinco personas que salieron con vida del Palacio de Justicia aún están desaparecidas.
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Las víctimas del Palacio de Justicia habían solicitado a la Corte no tener en cuenta la solicitud del general, afirmando que no las ha reparado de manera integral.
En una solicitud enviada el pasado 30 de Marzo el general Arias Cabrales expresaba su deseo de ser acogido por la JEP.
Alvaro Leyva, asesor del proceso de paz, reveló en ese entonces a través de su cuenta de Twitter que el exministro de Protección Social Diego Palacio y los generales Arias Cabrales y Jaime Uscátegui firmaron un acta de compromiso de sometimiento a la Justicia Especial para la Paz (JEP).
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Por su parte, la Fiscalía indicó hace unas semanas que desde que entró en vigencia el decreto 277 de 2017, que regula la aplicación de la amnistía como resultado del proceso de paz con las Farc, la Fiscalía General de la Nación ha recibido 278 solicitudes de personas que invocan ser objeto del beneficio legal.
