El diseño financiero de las consultas presidenciales 2026 volvió al debate por el salto en dos variables: el tope de gasto y el valor de reposición por voto. La MOE advirtió que ambos crecieron frente al año anterior y pidió explicar con qué criterios se justificó ese aumento, justo cuando el calendario se llena de precandidatos y posibles consultas en varios sectores.
La alerta: más techo y un voto más caro
La directora de la MOE, Alejandra Barrios, puso la comparación en números: el tope pasó de $6.000 millones a cerca de $18.000 millones, y la reposición por voto de $2.555 a $8.287. No es solo una discusión contable. En un año fragmentado, con varias candidaturas y coaliciones en disputa, esos montos cambian los incentivos y elevan el costo fiscal potencial.
¿Cómo funciona la reposición?
Contrario a la creencia popular, la reposición no es un premio automático por votos. Es un reconocimiento de gastos asociado a los votos obtenidos, bajo reglas del CNE, y amarrado a rendición de cuentas. Además, el esquema contempla anticipos, que luego deben soportarse con reportes y verificación. Si el gasto no se demuestra o no se reconoce, no hay cheque en blanco.
El límite real: el "punto de saturación"
Para 2026, el CNE fijó un tope de gasto de $18.555.251.477 y una reposición por voto de $8.287. Hay un detalle clave: el tope no es por precandidato. Lo administra el partido o coalición, que debe distribuirlo entre quienes compiten.
Con esa regla aparece la aparente incoherencia: matemáticamente, una votación alta puede “producir” una reposición teórica superior al tope.
- 1 millón de votos: cerca de $8,3 mil millones
- 2 millones de votos: cerca de $16,6 mil millones
- 6 millones de votos: cerca de $49,7 mil millones
Pero no existe un excedente pagable por encima del techo. A partir de aproximadamente 2,24 millones de votos (18.555.251.477 ÷ 8.287), la votación deja de ser la restricción y el límite real pasa a ser el tope y el gasto efectivamente reconocido. Más votos pueden dar legitimidad política, no necesariamente más reposición.
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Metas públicas de votos de las consultas
En el bloque oficialista el listón ha sido explícito. En 2025, el presidente Gustavo Petro habló de mover “al menos” 2 millones de personas en una consulta de su sector. Como antecedente, una consulta interna de octubre de 2025 se movió alrededor de 2,7 millones de votos, cifra que hoy funciona como referencia de “piso” para medir fuerza real.
Más recientemente, en el entorno del llamado Frente Amplio, se ha mencionado como meta llegar a 6 millones de votos. Con la regla del tope, esa cifra no implicaría una reposición de $49,7 mil millones: implicaría, sobre todo, una señal de movilización.
Controles y riesgos: dónde se prende la alerta
En el papel, el sistema busca evitar “ganancias”: si una campaña reporta poco gasto, no puede cobrar más solo porque obtuvo muchos votos; y si reporta demasiado, no se lo reconocen si no está soportado o si supera el techo. El riesgo aparece cuando el tamaño del tope y la tarifa por voto hacen que la reposición potencial parezca enorme y algunos intenten estirar el sistema. Ahí las alarmas típicas son facturación inflada, servicios difíciles de verificar, proveedores sin capacidad real o soportes que no cuadran con la operación de campaña. Si se prueba falsedad, el resultado puede ser no reconocimiento, exigencias de reintegro (si hubo anticipos) y sanciones administrativas o penales, según el caso.
Con el voto a $8.287 y un tope de $18.555 millones, el debate no se reduce a “cuánto cuesta una consulta”. La discusión de fondo es institucional: qué incentivos crea en un escenario competido y si los controles de auditoría, rendición y trazabilidad del gasto alcanzan para un ciclo donde la consulta es, a la vez, mecanismo de selección y disputa por recursos públicos.
