La Defensoría del Pueblo (Defensoría) y la Misión de Observación Electoral (MOE) presentaron un primer balance del "Compromiso por un proceso electoral libre y en paz" de cara a 2026. El énfasis estuvo en el tono de la campaña, la información verificable y los riesgos de estigmatización.
El mensaje institucional fue directo: el lenguaje y la forma de competir también hacen parte de las condiciones mínimas de una elección.
¿Qué midió el informe?
El documento revisó el comportamiento público de precandidaturas presidenciales entre el 15 de julio y el 15 de diciembre de 2025. El objetivo fue medir prácticas básicas: evitar mensajes violentos, cuidar la conversación pública y no amplificar datos no verificados.
El seguimiento contó con acompañamiento de la Conferencia Episcopal y apoyo de instancias internacionales: Naciones Unidas (ONU), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
¿Qué muestran los resultados?
El reporte diferencia entre quienes se sumaron al compromiso y quienes no lo hicieron. En las precandidaturas que lo suscribieron, el nivel de avance reportado fue 81,7%. En las que no lo firmaron, el informe midió una alineación con el espíritu del acuerdo y reportó 56,4%.
La lectura práctica es que hay un mayor cumplimiento donde existe un compromiso explícito, y una brecha importante cuando ese marco no se adopta como regla de campaña.
¿Dónde está el rezago?
El bloque con peor desempeño fue el de debate plural y democrático. Ahí se agrupan pautas como usar un lenguaje público respetuoso, reducir la estigmatización y respaldar afirmaciones con información verificable.
En los resúmenes divulgados del informe, este componente aparece como el más rezagado, alrededor de la franja del 40% al 45%. La preocupación institucional se concentra en un patrón repetido en campaña: acusaciones graves sin sustento, señalamientos que se amplifican y piezas que se mueven más rápido que la verificación.
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¿Qué está en juego?
Para el votante, esto no es un asunto de estilo. Cuando el debate se deteriora, se reduce la posibilidad de comparar propuestas y aumenta el ruido que dificulta tomar decisiones informadas. Para las campañas, la consecuencia es reputacional y operativa: una estrategia basada en ataques y datos sin respaldo compite por atención, pero también deja trazabilidad pública y eleva el nivel de conflicto.
La premisa del seguimiento es institucional: bajar el nivel de agresión en el discurso reduce tensiones y ayuda a sostener reglas básicas de competencia.
¿Qué recomendaciones dejaron?
A campañas y candidaturas, la Defensoría planteó medidas concretas: protocolos internos de no violencia, lineamientos sobre trato al contradictor, y protocolos de protección dentro de las campañas, con prevención de violencia de género.
También pidió reglas claras para el uso de inteligencia artificial y un estándar de verificación antes de publicar, especialmente en entornos digitales. A las instituciones del Estado, el llamado fue a medidas sostenidas de seguridad y acciones para fortalecer la confianza en el sistema electoral, con capacidades de diálogo y mediación para tramitar conflictos.
