El Gobierno Nacional decretó oficialmente el estado de emergencia económica mediante el decreto 1390 de 2025, divulgado en la noche de este lunes. La medida estará vigente durante 30 días y habilita al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley con el fin de enfrentar la crisis fiscal que se profundizó tras el archivo de la Ley de Financiamiento en el Congreso.
Con esta decisión, el Gobierno busca responder a un escenario de desfinanciamiento que compromete el cumplimiento de obligaciones sociales, contractuales y judiciales del Estado.
Dudas sobre el rol del Alto Tribunal
Ahora será la Corte Constitucional la encargada de evaluar la exequibilidad del decreto, en un contexto marcado por el debate jurídico sobre los tiempos y alcances del control constitucional, en medio de la vacancia judicial.
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El anuncio no estuvo exento de cuestionamientos. El abogado Ramiro Bejarano advirtió que “ninguna Corte puede decidir en vacancia judicial incluida la Corte Constitucional” y señaló que actuar por fuera de los tiempos ordinarios podría sentar un precedente riesgoso.
En la misma línea, el exsenador Humberto de la Calle sostuvo que “por ganarse 20 días no puede aparecer que la Corte obra con rabia” y consideró que no existen efectos irreversibles que justifiquen decisiones apresuradas.
No obstante, otros juristas recuerdan que la normativa vigente obliga al Gobierno a remitir de manera inmediata los decretos de emergencia a la Corte Constitucional para su control automático, sin que la vacancia judicial suspenda ese deber.
Motivos, según el Gobierno
Entre las razones que motivaron la declaratoria, el Ejecutivo expuso la presión fiscal generada por el pago de la UPC en salud, el deterioro del orden público y el riesgo para líderes sociales, así como el hundimiento de las dos más recientes reformas tributarias, que buscaban recaudos por $12 billones y $16,3 billones.
A esto se suman los efectos de la ola invernal, sentencias judiciales pendientes por $1,5 billones, obligaciones contractuales atrasadas por $5,1 billones, deudas con víctimas del conflicto por $1,6 billones y restricciones en el endeudamiento público.
Posibles alcances del anuncio
Con la emergencia económica, el Gobierno alista un paquete de medidas tributarias que incluiría ajustes al 4x1000, cambios en el impuesto al patrimonio, nuevos gravámenes al consumo y al juego en línea, tributos a cigarrillos, tabaco y vapeadores, así como un impuesto especial a petróleo y carbón. Se espera que en las próximas horas se conozcan de manera oficial los decretos reglamentarios que desarrollarán estas decisiones.
