El Gobierno Nacional expidió el decreto 0030 de 2026, mediante el cual redujo la prima de servicios que reciben los congresistas de la República, un beneficio que, hasta ahora, rondaba los 16 millones de pesos. La medida hace parte de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo para disminuir el gasto público y obtener mayores recursos destinados a la reducción del déficit fiscal.
De acuerdo con el texto del decreto, la reducción de esta prima se enmarca en la política del llamado “Gobierno del Cambio”, que ha insistido en la necesidad de ajustar ciertos costos del Estado como respuesta a la situación fiscal del país. El documento señala que la decisión busca una mayor coherencia entre la remuneración de los altos funcionarios y la realidad económica que enfrenta la mayoría de la población.
La norma deroga expresamente el Decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, que dio origen a la prima de servicios para los congresistas. Dicho decreto fue expedido durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en un periodo en el que Mauricio Cárdenas, hoy precandidato presidencial, se desempeñaba como ministro de Hacienda. Con esta derogatoria, el Gobierno elimina el marco normativo que sustentaba ese beneficio específico dentro de la remuneración del Congreso.
En la parte considerativa, el decreto 0030 de 2026 concluye que “la remuneración percibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”. Este argumento es uno de los principales fundamentos utilizados por el Ejecutivo para justificar la reducción de la prima de servicios.
La prima de servicios ha sido, en los últimos años, uno de los componentes más cuestionados de los ingresos de los congresistas, debido a la brecha existente entre sus salarios y los ingresos promedio de los trabajadores colombianos. Con la expedición de este nuevo decreto, el Gobierno busca enviar un mensaje de austeridad y ajuste del gasto en el sector público, particularmente en los niveles más altos del Estado.
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Desde el Ejecutivo se ha insistido en que este tipo de medidas no solo tienen un impacto fiscal, sino que también responden a criterios de equidad y proporcionalidad en la asignación de recursos públicos. El decreto no modifica otros componentes de la remuneración de los congresistas, sino que se concentra específicamente en la prima de servicios establecida en 2013.
El decreto 0030 de 2026 entra en vigencia a partir de su expedición y se suma a otras decisiones recientes del Gobierno orientadas a la contención del gasto y al saneamiento de las finanzas públicas, en un contexto de estrechez fiscal y de revisión de beneficios asociados a altos cargos del Estado.
