A tan solo dos semanas de que se conozca el sentido de la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el clima político en Colombia se intensifica.
En el centro del debate está una grave acusación: Tomás Uribe, hijo del exmandatario, sostiene que detrás del proceso judicial existe una estrategia coordinada por los expresidentes Juan Manuel Santos y Gustavo Petro para neutralizar a Uribe políticamente antes de las elecciones presidenciales de 2026.
El juicio, que se desarrolla por presunta manipulación de testigos, ha sido calificado desde el uribismo como un ejemplo claro de “lawfare”: el uso del sistema judicial con fines políticos.
Acusaciones directas desde el uribismo
Tomás Uribe no dudó en señalar públicamente lo que considera una “estrategia de neutralización judicial” contra su padre. Según él, Santos y Petro habrían estado detrás del impulso del caso, con el objetivo de impedir que Uribe participe activamente en la contienda electoral de 2026, en un momento en el que es considerado por muchos como el único capaz de liderar a la oposición democrática.
“La naturaleza política del caso es evidente”, aseguró Tomás Uribe, subrayando que la investigación judicial comenzó mientras su padre lideraba la oposición al gobierno de Santos y continuó durante su papel opositor frente al actual gobierno de Petro.
El hijo del expresidente también apunta directamente a dos figuras clave en el avance del proceso judicial:
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Eduardo Montealegre, exfiscal general y actual ministro de Justicia del gobierno Petro.
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Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, víctima en el proceso y considerado por el uribismo como un “enemigo político” de Uribe.
Tomás Uribe califica a estos personajes como “arquitectos de la rendición de Santos a las FARC” y los responsabiliza, junto con Santos y Petro, de haber contaminado el proceso judicial con fines claramente políticos.
¿Silencio estratégico o indiferencia de Santos?
La respuesta del entorno del expresidente Juan Manuel Santos no se hizo esperar. Su hijo, Esteban Santos, desestimó las acusaciones, calificándolas como “una empeliculada brava” de Tomás Uribe. En su opinión, no hay ninguna evidencia seria que vincule a su padre con la estrategia legal en curso contra Álvaro Uribe.
“No me quiero imaginar lo difícil que debe ser para la familia del expresidente Uribe estos días previos al fallo. Pero qué empeliculada tan brava la de Tomás Uribe creyendo que Santos está detrás de todo esto. Nada más desconectado de la realidad”, escribió Esteban en redes sociales.
Sin embargo, desde el Centro Democrático, algunas voces insisten en que Santos debería pronunciarse públicamente sobre el tema. Sergio Araujo, militante del partido, expresó: “Si Juan Manuel Santos no está detrás de la trama judicial para decapitar el liderazgo de Álvaro Uribe, sería muy valioso que expresara en público su opinión sobre este ‘proceso’”.
Un juicio cargado de tensión política
El 28 de julio de 2025 se conocerá el sentido de la sentencia en el caso contra Álvaro Uribe. La expectativa es alta, y no solo por lo que está en juego judicialmente, sino por el impacto político que tendría una eventual inhabilitación del expresidente.
En paralelo, el país vive otra conmoción: el atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y precandidato opositor, quien permanece inconsciente. Para el uribismo, la posible inhabilitación de ambos líderes (Álvaro y Miguel Uribe) pone en riesgo la democracia y la capacidad de la oposición de presentar una alternativa sólida en 2026.
¿Qué viene ahora?
Mientras el expresidente Santos intenta desmarcarse del gobierno Petro —incluso ha afirmado que no votó por él—, las preguntas sobre su posible rol tras bambalinas persisten. La narrativa de persecución judicial ha calado profundamente entre los sectores uribistas, y la decisión judicial del 28 de julio marcará un antes y un después en la política colombiana.
Por ahora, lo único claro es que este juicio trasciende lo jurídico y se ha convertido en un símbolo de la polarización que atraviesa Colombia.
