El juez de conocimiento del proceso contra Nicolás Petro ordenó compulsar copias penales y disciplinarias contra funcionarios de la Fiscalía, del CTI y contra la entonces directora de Semana, Vicky Dávila, al concluir que durante la captura del procesado —ocurrida en julio de 2023— se habrían vulnerado derechos fundamentales.
La decisión se fundamenta en videos aportados por la defensa, que, según el juez, muestran a agentes del CTI grabando la diligencia dentro de la esfera íntima del investigado, pese a que la normativa penal exige proteger la privacidad, permitir el cambio de ropa y resguardar especialmente a personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres en embarazo.
Deficiencias en el procedimiento de captura
El juez recordó que el artículo 128 del Código de Procedimiento Penal obliga a la Fiscalía a actuar “con sumo cuidado” en los operativos. Sin embargo, determinó que los investigadores y policías judiciales que ingresaron al inmueble “no guardaron las formalidades debidas”, lo que abre la puerta a posibles responsabilidades disciplinarias y penales.
Publicación de imágenes y posible vulneración de la intimidad
Aunque el análisis no se centró en una eventual filtración del material desde la Fiscalía, el despacho fue claro en señalar que la revista Semana y su entonces directora, Vicky Dávila, habrían incurrido en una afectación grave al derecho a la intimidad y a la dignidad humana al publicar imágenes en las que aparecían Nicolás Petro y su esposa en estado de desnudez.
El juez indicó que esa divulgación, en medio de un procedimiento judicial, podría constituir una violación directa de las garantías constitucionales del procesado.
Compulsa de copias e investigación
Tras sostener que los argumentos de la defensa no eran “banales” y estaban respaldados por evidencia material, el juez ordenó compulsar copias para investigar al fiscal delegado Mario Burgos —quien dirigió el allanamiento— y a los funcionarios del CTI que participaron en la captura. El proceso ahora queda en manos de los organismos competentes para determinar si existieron o no irregularidades y responsabilidades individuales.
