La plaza de La Alpujarra, en pleno corazón de Medellín, fue escenario de uno de los eventos políticos más controversiales del año. El presidente Gustavo Petro encabezó una multitudinaria manifestación para celebrar la aprobación de la reforma laboral y mostrar los avances de su política de paz total. Pero lo que realmente desató una tormenta fue la presencia pública, junto al mandatario, de varios jefes de bandas criminales actualmente recluidos en la cárcel de Itagüí.
En un acto llamado “Un Pacto por la Paz Urbana”, Petro habló ante miles de personas acompañado de cabecillas como alias Douglas, Tom, Lindolfo, Carlos Pesebre, Pocho, Grande pa, Naranjo y El Tigre. Todos ellos, condenados por diversos delitos, fueron trasladados por el INPEC en un bus oficial, lo que generó fuertes críticas de la ciudadanía y de líderes políticos nacionales y regionales.
El Gobierno justificó la presencia de estos hombres como parte de una mesa de trabajo con estructuras como la Oficina de Envigado y La Terraza, un proyecto que cumplió dos años el pasado 4 de junio y que, según el Ejecutivo, ha tenido resultados tangibles. Entre los avances presentados están la reducción histórica de homicidios en Medellín en 2024, el compromiso de eliminar prácticas como la explotación sexual en zonas turísticas, y un piloto de no extorsión en 45 barrios que concluyó en marzo.
Durante su discurso, Petro destacó:
“Les pido a estos antiguos dueños de la violencia que cesen toda violencia. Sabemos que cumplieron cuando dijeron que no más fronteras entre bandas. Sabemos que cumplieron cuando dijeron que no más matar, tregua.” Además, propuso estudiar beneficios jurídicos para quienes se desmovilicen completamente, aunque admitió que eso requeriría ajustes normativos en el último tramo de su mandato.
No obstante, los sectores críticos han señalado que, pese a los compromisos, la violencia en Medellín persiste. En lo corrido del año ya se han registrado 144 homicidios, la mayoría ligados a disputas entre pandillas, lo que indica que el proyecto aún no ha consolidado un cambio estructural en la ciudad. Además, una comisión de seguimiento reconoció dificultades para verificar el cumplimiento de los compromisos debido a la falta de registros confiables sobre delitos como la extorsión.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y uno de los principales opositores de Petro, calificó el acto como un “premio a la barbarie”. Recordó que uno de los presentes, alias Pesebre, ha sido acusado de orquestar un plan para asesinarlo. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lo calificó como una humillación a las víctimas y a las fuerzas del orden. El exalcalde y exgobernador Sergio Fajardo lo describió como el acto de “mayor violencia simbólica” del gobierno de Petro.
La senadora María Fernanda Cabal también se sumó a las críticas con una frase contundente: “La paz no se negocia”, en referencia a lo que considera un intento de legitimar a criminales. El expresidente Álvaro Uribe, en un tono aún más severo, vinculó la manifestación con el atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay y acusó al Gobierno de alimentar un clima de impunidad y violencia.
La polémica aumentó con la presencia del exalcalde Daniel Quintero en la tarima, otro aliado político de Petro y posible aspirante presidencial. Quintero, actualmente investigado por presuntas irregularidades, celebró el evento como una muestra de resistencia política y lanzó un mensaje claro: “Vamos a resetear la política de Colombia y lo haré de la mano de Petro”.
El evento también dejó en evidencia la impopularidad del presidente en Antioquia. Según la última encuesta de Invamer, solo el 15% de los ciudadanos de Medellín aprueba su gestión, mientras el 81% la desaprueba. En contraste, Federico Gutiérrez cuenta con un respaldo del 79%.
A pesar del rechazo institucional y ciudadano, el Gobierno insiste en que el proyecto de paz urbana ha traído avances significativos, como el compromiso de las bandas para no comercializar sustancias como fentanilo o heroína, y la posibilidad de expandir el modelo a otras cárceles del país. También se contempla incorporar a mujeres y otros actores aún en disputa en el proceso.
