Uno de los proyectos, sin duda alguna, que más genera expectativa en los bogotanos para solucionar los problemas de movilidad es el Metro. Un sistema que, sin embargo, en el ámbito político ha suscitado fuerte debate y que a la fecha se tiene proyectado de manera aérea. Un tema frente al cual se pronunció el candidato a la alcaldía Jorge Robledo e instó por el modelo subterráneo.
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Fue por medio de una carta que Robledo se dirigió al presidente Gustavo Petro y a la actual alcaldesa de Bogotá Claudia López, señalando que en caso de llegar al palacio de Liévano se mostrará respetuoso del modelo contratado a enero de 2024, aunque señalando que a su parecer, para la capital colombiana, es mejor que el Metro se adelante bajo tierra.
“Porque un metro elevado por la Caracas –agravado por el Transmilenio que ya circula por ahí– generará un impacto ambiental muy negativo sobre las edificaciones adyacentes y las de su entorno. Tan dañino, que no sería sorprendente que años después Bogotá decidiera destruir ese metro y reemplazarlo por uno subterráneo, como ha ocurrido en otras ciudades del mundo y con todas las líneas elevadas que en Nueva York pasaban por el centro (Manhattan)”, manifestó Robledo, quien la semana pasada inscribió formalmente su candidatura ante la Registraduría Distrital.
A pesar de las múltiples diferencias que se han manifestado públicamente, este es un punto en el que el presidente Gustavo Petro y el exsenador Jorge Robledo en materia de movilidad para la capital del país.
“Coincido entonces con el presidente Gustavo Petro cuando señala que lo mejor es modificar el contrato entre la empresa constructora y la alcaldía de Bogotá, para cambiar el metro elevado por uno subterráneo, cambio que pagaría el gobierno nacional”, agregó Robledo, invitando a sus competidores por la alcaldía a unirse para que sea el Consejo de Estado el que aclare la viabilidad de cambiar el contrato de construcción del Metro en Bogotá.
“Como hay opiniones contrarias sobre si el cambio de ese contrato es o no legal –con el riesgo de sanciones legales para los funcionarios públicos y los contratistas privados que lo acuerden–, lo conducente es que el Presidente Petro, formalmente, le pida concepto sobre el caso al Consejo de Estado, la más alta autoridad para estos efectos”, agregó.
