La Corte Suprema de Justicia el 6 de abril de 2018 dictó medida de aseguramiento contra la electa Aida Merlano quien iría a ocupar una curul en el Senado por el partido Conservador pero que, por investigaciones por liderar una organización de compra de votos, perdió su investidura dejando una "silla vacía".
Silla que ya fue ocupada por la exconcejal de Bogotá, Soledad Tamayo, luego de que el presidente del Senado, Ernesto Macías, la posesionara en el cargo el miércoles 29 de mayo.
Ante la decisión, muchos se lanzaron contra Macías y la decisión de ubicar a Tamoyo en remplazo de la pues aseguran que la curul de Merlano debió quedar vacía según la ley.
[single-related post_id="1109671"]
Esto según el artículo 134 de la Constitución que establece que “en ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática, ni por delitos de lesa humanidad (...) ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos”.
Uno de los críticos de esta decisión fue la Misión de Observación Electoral (MOE) afirmando que, "el Senado no solo desconoció el régimen de responsabilidad política de los partidos a la hora de posesionar a la senadora Soledad Tamayo (...) sino que envía un terrible mensaje al validar que conductas contrarias a la constitución y la ley".
Este organismo igualmente explicó que lo sucedido con Merlano debió tener como consecuencia que los conservadores no pudieran posesionar a una personas para remplazar la curul de la hoy acusada.
"Para la MOE la reforma política de 2009 incluyó el régimen de responsabilidad política de los partidos para avanzar en la lucha por la transparencia y para frenar la entrega de avales a candidatos cuyas prácticas electorales y políticas atentaran contra el sistema democrático", dijo la organización.
Pero la directora nacional de la MOE fue más allá afirmando que Macías "tomó una decisión desconociendo el régimen de responsabilidad política que impide que partidos políticos que tengan militantes electos investigados por delitos electorales, alianzas con el narcotráfico o grupos armados ilegales, entre otros, tengan la posibilidad de reemplazarlos", e incluso dijo que es lo que pasaba en los casos de parapolítica.
Partidos de la oposición estarían analizando acudir a la Corte Constitucional apoyados en el artículo 134 para que se analice si la curul de Merlano era o no suplantable. Asimismo, el mismo partido Conservador aseguró que será este organismo judicial el que tome la última decisión.
[polldaddy poll=10332841]
