Comienza la recta final de la discusión por la reforma laboral en el Congreso, que deberá tener una decisión definitiva antes del 20 de junio, el cual es el plazo máximo para emitir concepto sobre la propuesta que ha generado intensos conflictos políticos en el país.
Hasta este momento, se ha aprobado en la plenaria del Senado más del 75% del articulado del proyecto y la corporación se alista para retomar la discusión el próximo lunes 16 de junio.
Los puntos clave que aún faltan por debatir, según la senadora y presidenta de la comisión cuarta, Angélica Lozano, y revelado por el diario Portafolio, se centran en temas como la jornada de trabajo y las condiciones de contratación de los empleados.
La lista de artículos que faltan por debatir, se ubican en temas coyunturales para la ciudadanía, como lo son la estabilidad laboral reforzada, la jornada nocturna, y si hay excepciones para las microempresas en medidas como el recargo nocturno, festivo y dominical.
Dentro de lo que falta por culminar, también se destacan temas relacionados con la jornada máxima legal, las remuneraciones en los días festivos, el contrato de aprendizaje a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y algunos puntos sobre trabajo a tiempo parcial.
Según la alta funcionaria “son 19 artículos los que faltan. Estamos bien de tiempo y el lunes por la noche terminaremos de aprobar, cosa que la conciliación se dé el martes y el miércoles, y entre el jueves y el viernes se ratifique en ambas plenarias”.
La congresista también habló sobre la polémica que suscita la firma del Decreto 0639 de 2025, normativa con la que el Gobierno convoca a la consulta popular para que sea la gente quien decida sobre el futuro de la reforma.
“Va a haber reforma laboral justa, por ley y el ´decretazo´ se cae de su peso, es un abuso de poder y tendrá el Presidente que justificar cómo con una reforma por ley, bien hecha, él va a insistir en violar la Constitución”, recalcó.
Toda esta discusión sobre los derechos laborales de los colombianos, debe culminar antes del próximo 20 de junio, fecha en la cual se finaliza la legislatura. De no ser así, el proyecto terminaría archivado.
Decreto de la consulta popular en favor de la reforma laboral
Este miércoles 11 de junio, el presidente Gustavo Petro anunció oficialmente la firma del decreto que convoca a una consulta popular, en un movimiento político de alto calibre que marca un punto de inflexión en su gobierno.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario señaló que esta decisión solo será reversible si el Congreso aprueba los puntos contenidos en la reforma laboral, piedra angular del proyecto social del Gobierno.
“He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo [...] son respondidos positivamente por el Congreso”, expresó Petro en su publicación, confirmando que el decreto fue remitido a la Corte Constitucional.
La consulta popular que Petro convoca busca someter a la ciudadanía decisiones clave en materia de derechos laborales, salud y justicia social, temas que han sido eje de su mandato.
Entre las propuestas más discutidas está la reforma laboral, actualmente en trámite en el Senado y que busca modificar las condiciones de contratación, mejorar la formalización del trabajo y restaurar beneficios para sectores históricamente excluidos.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que el decreto se firmó justo antes del vencimiento del plazo legal para convocar elecciones este año, el cual expiraba a la medianoche del 11 de junio. “Esto busca abrir el diálogo con el Senado de la República, para llegar a un acuerdo. Queremos restaurar los derechos laborales de la clase trabajadora”, afirmó Benedetti, quien también insistió en que el decreto podría ser derogado si el Senado actúa en consecuencia.
¿Cuándo sería la consulta?
De no llegar a un acuerdo con el Congreso, el Gobierno proyecta que la consulta popular se realice el próximo 7 de agosto, fecha simbólica para el país por coincidir con la posesión presidencial. Esto subraya el mensaje de urgencia y profundidad que el Ejecutivo quiere imprimirle a este mecanismo de participación.
