Con 14 fórmulas ya inscritas para la elección presidencial del 31 de mayo, la campaña entró en una etapa en la que cada intervención del presidente se lee también en clave electoral. Pero la pregunta de fondo no es si el jefe de Estado puede hablar. La pregunta útil es otra: en qué momento una intervención sigue siendo ejercicio de gobierno y en cuál pasa a ser participación indebida en política.
La regla no es silencio, pero tampoco libertad total
El artículo 127 de la Constitución no autoriza una participación política abierta de los servidores públicos. La Corte Constitucional recordó en 2021 que, por regla general, a los empleados del Estado les está prohibido tomar parte en actividades de partidos y controversias políticas, y que para los demás esa intervención solo puede darse en las condiciones que establezca una ley estatutaria, que sigue sin desarrollarse plenamente. Eso significa que no existe un cheque en blanco para intervenir en campaña desde el poder público.
Gobernar no se suspende porque haya campaña
Dicho eso, tampoco sería serio sostener que el presidente debe desaparecer del debate público apenas arranca la contienda. La Constitución lo define como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa. En esa línea, un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, recuerda que el presidente puede y debe fijar la posición oficial del Gobierno, informar sobre las políticas públicas y defender su gestión. El problema no es comunicar decisiones o explicar resultados de gobierno. El problema aparece cuando esa vocería deja de ser institucional y empieza a jugar a favor o en contra de candidaturas.
La línea roja está en el uso del cargo
Ahí es donde la norma se vuelve más concreta. La Ley 996 de 2005 y la Procuraduría, en su directiva de 2025 para el ciclo electoral de 2026, reiteran varias prohibiciones: usar el cargo para intervenir en controversias políticas, presionar a subalternos o particulares para respaldar campañas, difundir propaganda electoral por cualquier medio, destinar tiempo de servicio o recursos públicos a actividades proselitistas, ofrecer beneficios mediante obras o actuaciones de la administración para influir en la intención de voto y autorizar el uso de bienes públicos con fines electorales. En otras palabras, la frontera no depende solo del tono del discurso. Depende, sobre todo, de si la investidura presidencial, los canales oficiales o los recursos del Estado se usan para inclinar la competencia.
¿Por eso el debate volvió al centro?
La discusión reapareció en estas semanas por hechos concretos. El 1 de marzo la Presidencia difundió declaraciones de Gustavo Petro en las que dijo que los escrutinios eran “opacos y vulnerables al fraude”, y el 9 de marzo publicó otro pronunciamiento suyo sobre diferencias entre los resultados divulgados y “la realidad”. En un país que ya entró de lleno en la carrera presidencial, ese tipo de mensajes inevitablemente se examina con una pregunta adicional: si se trata de una posición del jefe de Estado sobre un asunto público o de una intervención que puede afectar la confianza en el proceso y cruzarse con la disputa electoral.
- Le puede interesar: Comisiones, votos y alianzas: así es Quórum, el juego de mesa sobre el Senado
El examen real no es retórico
Por eso conviene bajar el debate del ruido a un criterio más preciso. La pregunta no es si el presidente tiene opiniones políticas; eso es obvio. Tampoco basta con decir, en abstracto, que “está participando en política”. El examen serio es más concreto: si habló para explicar una decisión de gobierno o para empujar una causa electoral; si lo hizo desde un escenario personal o a través de canales oficiales; si usó la autoridad del cargo, los bienes públicos o la estructura estatal para favorecer aliados, golpear competidores o condicionar el clima de la elección. Ese es el filtro que se desprende del artículo 127, de la Ley 996 y de las reglas de neutralidad reiteradas por la Procuraduría.
La conclusión, en realidad, es menos enredada de lo que suele sonar. El sistema no le exige al presidente volverse mudo en campaña. Lo que sí le exige es no convertir la Presidencia en una herramienta electoral. Explicar el gobierno es una cosa. Usar el poder del Estado para entrar en la contienda es otra. Y esa diferencia, en un año electoral, deja de ser un matiz jurídico y se vuelve un límite institucional.
