La violencia contra líderes y lideresas sociales volvió a concentrarse en los territorios donde el Estado ha tenido más dificultades para prevenirla. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, la Defensoría del Pueblo reportó 34 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales en Colombia. Antioquia encabezó el registro con ocho casos, seguida por Arauca y Cauca con cuatro cada uno, mientras que Nariño reportó tres. El dato importa porque muestra que el riesgo no está distribuido de forma homogénea: vuelve a concentrarse en regiones atravesadas por conflicto armado, economías ilegales y disputas por control territorial.
Un mapa que vuelve a repetirse
Más que una suma de homicidios aislados, el primer trimestre deja ver un mapa. Solo siete departamentos (Antioquia, Arauca, Cauca, Nariño, Huila, Magdalena y Putumayo) reúnen 25 de los 34 asesinatos reportados. Esa distribución coincide con un patrón que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha descrito como estructural: la violencia contra personas defensoras se concentra en zonas rurales donde confluyen actores armados no estatales, organizaciones criminales, economías ilícitas, debilidad institucional y altos niveles de impunidad.
En ese mapa, Antioquia no aparece como una excepción repentina sino como una continuidad. La Defensoría registró 24 homicidios de líderes sociales y personas defensoras en el departamento durante 2021 y 21 en 2023, año en el que volvió a quedar entre los territorios con más casos del país. Que en apenas tres meses de 2026 ya sume ocho asesinatos no prueba por sí solo que vaya a cerrar el año como el más afectado, pero sí confirma que Antioquia sigue ocupando un lugar central en la geografía del riesgo.
¿Por qué Antioquia vuelve al centro?
La explicación no está en un solo municipio ni en una sola dinámica. En su informe anual sobre violencia contra liderazgos en 2024, la MOE encontró que Antioquia registró 49 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, de los cuales 25 fueron letales. Esos hechos se dispersaron en 29 municipios de las nueve subregiones del departamento, con concentración en el Norte, el Oriente, el Nordeste y el Suroeste. Segovia apareció como el municipio con mayor número de eventos, mientras que el Nordeste antioqueño concentró la mayor parte de los registros.
Ese comportamiento territorial ayuda a entender por qué Antioquia pesa tanto en la estadística nacional. La MOE también documentó que en 2024 el departamento fue uno de los más golpeados por la violencia de grupos armados ilegales en zonas CITREP, con 293 eventos, y que el 87,25% de los hechos registrados allí ocurrió en áreas rurales. En varias subregiones, añadió el informe, la violencia estuvo asociada de manera mayoritaria al Clan del Golfo; en otras, a disputas con otros grupos por corredores estratégicos, economías ilegales ligadas a la coca, la minería y el control del microtráfico. En Urabá, incluso, la organización señala escenarios de control hegemónico.
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Ese contexto regional encaja con la lectura más amplia de Naciones Unidas. En su informe de marzo de 2026, ONU Derechos Humanos documentó 410 homicidios de personas defensoras entre 2022 y 2025 y concluyó que la violencia responde a factores persistentes: conflictos armados activos, participación de actores armados en economías ilícitas, baja capacidad estatal para prevenir y proteger, y control social impuesto sobre comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. No se trata solo de matar a quien lidera, sino de disciplinar territorios enteros mediante amenazas, coerción y silenciamiento de procesos organizativos.
La otra capa del problema es judicial. El mismo informe de la ONU señala que, entre 2022 y 2025, la Fiscalía investigó 800 homicidios de personas defensoras, pero solo en el 6,87% de los casos hubo sentencias que identificaran plenamente la responsabilidad de los perpetradores. Esa combinación entre persistencia territorial, economías ilegales e impunidad ayuda a explicar por qué Antioquia y otros departamentos vuelven una y otra vez al centro de estas cifras. El dato de 34 asesinatos en tres meses, visto así, no describe solo una racha violenta: retrata un patrón que sigue sin romperse.
