Un proceso de vigilancia administrativa hecho por funcionarios de la Personería de Medellín a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía a raíz de una denuncia realizada desde la Comuna 2 en diciembre de 2020, evidenció serias anomalías en 7 funcionarios de la entidad. Al parecer, los implicados no entregaron ayudas monetarias o bonos para la población de adulto mayor por inconsistencias en los datos de los beneficiarios.
“La Personería de Medellín inicia vigilancia administrativa a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del Municipio de Medellín con motivo de una queja presentada por los ediles de la comuna 2 porque se estaban presentando el no pago de unos auxilios en dinero a los adultos mayores de dicha comuna. Los hechos se presentaron en el año 2020, se llevó toda la vigilancia durante el 2021 y este año se da traslado al área disciplinaria”, aseguró Luis Aníbal Peláez Molina, personero delegado de instrucción disciplinaria.
A partir de la indagación preliminar, se concluyó que hubo una serie de presuntas irregularidades que conllevan a la apertura de una investigación en contra de los siguientes funcionarios:
Mónica Alejandra Gómez Laverde, Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos para el año 2020; María del Pilar Rodríguez Chona y Lida María Castaño Londoño, subsecretarias de despacho; Juan Daniel Pulgarín Correa, Director Técnico del Equipo de Personas Mayores – Amautta, Luz Miriam Alzate Jaramillo y Alba Luz Caicedo Aguirre, líderes de proyecto y Astrid María Mesa Muñoz, Técnica Administrativa.
Para verificar la ocurrencia o no de las supuestas irregularidades y determinar si constituyen una falta disciplinaria, establecer los motivos y las circunstancias de los hechos, la Personería de Medellín a través del área de Instrucción Disciplinaria, solicitó algunas pruebas documentales que soporten, por parte de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, las especificaciones de las bonificaciones y el seguimiento a las entregas de beneficio económico a los adultos mayores, e invitó a los funcionarios involucrados a rendir versión libre y espontánea para determinar si es consecuente dar apertura a un pliego de cargos o archivar el proceso.
