Defensoría emite alerta temprana por escalada de violencia en Catatumbo y sur del Cesar

Mié, 11/03/2026 - 08:52
La entidad advirtió un riesgo inminente para comunidades de Norte de Santander y Cesar por la expansión y confrontación de varios grupos armados ilegales.
Créditos:
Defensoría

La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 006 de 2026 ante el agravamiento de la violencia en la subregión del Catatumbo y el sur del departamento del Cesar.

El riesgo, según la entidad, se concentra en los municipios de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, así como en Río de Oro y González.

La alerta responde a la intensificación de la confrontación armada que se registra desde enero de 2025 y que ha provocado una grave crisis humanitaria con múltiples vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El documento identifica tres dinámicas principales de violencia que amenazan a las comunidades de estos municipios.

La primera está relacionada con posibles reconfiguraciones y alianzas entre grupos armados ilegales en medio de la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias del Frente 33 de las antiguas Farc, vinculadas al denominado Estado Mayor de Bloques y Frente.

Según el análisis, estas disidencias podrían estar articulándose con la estructura criminal conocida como “Pelusos” para realizar incursiones territoriales.

Expansión de nuevos actores armados

La segunda dinámica corresponde a la expansión de las llamadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hacia el sur del Cesar y sectores de Ocaña y Río de Oro.

De acuerdo con la alerta, el objetivo de esta expansión sería controlar corredores estratégicos como la Ruta del Sol y economías ilícitas vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.

La tercera dinámica advierte sobre una posible urbanización de la confrontación violenta entre las ACSN y el Ejército Gaitanista de Colombia en zonas limítrofes entre Ocaña y Río de Oro, especialmente en el corregimiento Agua de la Virgen.

Comunidades bajo control armado

La Defensoría alertó que los grupos ilegales están ejerciendo gobernanza armada sobre la población civil, mediante retenes ilegales, controles en vías, requisas y la imposición de normas de conducta.

Además, el Sistema de Alertas Tempranas documentó campañas de estigmatización digital contra lideresas sociales y mujeres, quienes han sido señaladas en redes sociales como supuestas colaboradoras de grupos armados.

Entre las infracciones al DIH registradas figuran ataques con drones cargados con explosivos en sectores rurales de Ocaña, así como el uso de vehículos con explosivos y la instalación de artefactos en vías que comunican a Ocaña con Ábrego y Cúcuta.

Desplazamiento y aumento de homicidios

El impacto humanitario se refleja también en el incremento de la violencia en la región.

Durante 2025, Ocaña registró un aumento significativo de homicidios, mientras que Norte de Santander cerró ese año con 774 muertes violentas.

La crisis también se evidencia en el desplazamiento forzado: solo en los primeros meses de 2025, Ocaña atendió 18.538 personas desplazadas, equivalentes a 4.851 familias provenientes de distintos municipios del Catatumbo.

Poblaciones especialmente en riesgo

La Defensoría advirtió que varios grupos poblacionales enfrentan un riesgo elevado.

Entre ellos se encuentran niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento forzado y a la violencia sexual.

También están en riesgo las mujeres lideresas, que han sido víctimas de amenazas y persecución en medio de la disputa territorial.

Además, comerciantes, ganaderos y transportadores enfrentan amenazas de secuestro y extorsión, mientras que los firmantes del Acuerdo de Paz han sufrido afectaciones reiteradas.

Recomendaciones a las autoridades

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 14 recomendaciones urgentes dirigidas a entidades como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como a las gobernaciones y alcaldías de los municipios en riesgo.

Las recomendaciones buscan fortalecer las medidas de protección para la población civil, impulsar investigaciones judiciales por homicidios y secuestros y garantizar atención humanitaria para las comunidades desplazadas.

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