La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta la población civil en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, especialmente en la región del Bajo Caguán, tras la intensificación de enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales.
De acuerdo con la entidad, la confrontación entre el Bloque Jorge Suárez Briceño y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez está generando graves afectaciones a comunidades campesinas y rurales, con impactos directos sobre derechos fundamentales como la vida, la seguridad, la integridad y la libertad personal.
La región ya había sido objeto de advertencias a través de alertas tempranas que señalaban riesgos de confinamientos, desplazamientos forzados, homicidios, reclutamiento de menores y ataques contra la población civil. La Defensoría indicó que actualmente se evidencia la materialización de esas amenazas, con restricciones a la movilidad y limitaciones en el acceso a servicios básicos como alimentación, salud y educación.
El escenario se agravó tras anuncios de paros armados y órdenes de restricción emitidas por grupos ilegales desde finales de 2025, lo que ha mantenido a comunidades en condiciones de vulnerabilidad constante y con dificultades para recibir ayuda humanitaria.
Llamado a acciones urgentes y protección civil
Ante esta situación, la Defensoría exigió a los grupos armados excluir a la población civil de las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y locales implementar medidas coordinadas, urgentes y con enfoque diferencial para proteger a las comunidades afectadas.
La entidad reiteró la necesidad de cumplir las recomendaciones emitidas previamente en sus alertas tempranas y anunció que continuará con el seguimiento permanente a la situación humanitaria en la región para garantizar la defensa de los derechos humanos.
