La magnitud del enfrentamiento armado ocurrido en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, quedó en evidencia tras los resultados forenses entregados este 21 de enero de 2026. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que 24 de las 26 personas fallecidas ya fueron plenamente identificadas, mientras que dos cuerpos continúan sin establecer identidad.
Los cadáveres fueron trasladados a la Dirección Seccional Meta, en Villavicencio, donde equipos especializados adelantan desde hace varios días los procedimientos técnicos de identificación. De acuerdo con la autoridad forense, los avances permiten iniciar, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, los trámites para la entrega de los cuerpos a sus familiares, conforme a los protocolos vigentes.
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Víctimas: mayoría hombres y cuatro menores de edad
El balance forense revela que 21 de los fallecidos son hombres y cinco mujeres. Entre ellos se encuentran cuatro menores de edad, un hombre y tres mujeres, hecho que vuelve a poner en el centro del debate el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano.
La presencia de menores entre las víctimas fue confirmada oficialmente por Medicina Legal, que reiteró que informará nuevos avances una vez concluyan todas las labores de identificación.
Las autoridades atribuyen el enfrentamiento a una confrontación directa entre dos estructuras de las disidencias de las extintas FARC: el Estado Mayor Central, liderado por Iván Mordisco, y el Estado Mayor de Bloques y Frente, bajo el mando de Calarcá Córdoba. El choque se produjo el viernes pasado y dejó al menos 26 combatientes muertos, en medio de una disputa por el control de economías ilícitas en la Amazonia.
Ambos grupos se enfrentan por corredores estratégicos relacionados con el narcotráfico, la explotación ilegal de madera y rutas de movilidad en el sur del país.
Días antes del pronunciamiento oficial, el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) había denunciado que varias de las víctimas del combate eran menores indígenas Nasa, provenientes del departamento del Cauca.
En un comunicado, la organización advirtió que los grupos armados continúan trasladando a menores reclutados a regiones lejanas de sus territorios de origen, reduciendo sus posibilidades de huida. “Una vez más, nuestros niños y niñas pagan las consecuencias de una guerra que no les pertenece”, señaló la Acin.
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Alertas ignoradas y riesgo para la población civil
La Defensoría del Pueblo había emitido al menos tres alertas tempranas sobre el deterioro de la seguridad en municipios de la Amazonia colombiana, advirtiendo graves riesgos para la población civil y un aumento del reclutamiento forzado. Aunque el Ejército Nacional no descartó inicialmente que entre los fallecidos pudiera haber civiles, Medicina Legal no se ha pronunciado al respecto.
La confrontación se explica por la ruptura ocurrida a mediados de 2024 dentro del Estado Mayor Central, cuando surgieron diferencias entre Iván Mordisco y Calarcá Córdoba sobre los diálogos de paz con el Gobierno y el control territorial. Desde comienzos de 2025, los enfrentamientos se han intensificado en Guaviare, Caquetá y sectores del Meta, según autoridades y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Pese a la escalada violenta, el Gobierno Nacional mantiene una mesa de negociación con el grupo de Calarcá Córdoba dentro de la política de paz total, aunque ha reiterado que la continuidad del proceso depende del cumplimiento de los compromisos humanitarios en el territorio.
