El hacinamiento en la cárcel de Villahermosa, en Cali, llevó a los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca a ordenar una reparación económica para los reclusos por la vulneración de sus derechos.
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La indemnización que recibiría cada interno sería de un salario mínimo diario legal vigente (27.604) por cada mes privado de la libertad. Las entidades que deberían cancelar ese valor son el Inpec, el Ministerio de Justicia, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali.
En la actualidad, ese centro carcelario, que tiene capacidad para recibir dos mil reclusos, alberga a más de 5.900 presos. Por eso, en primera instancia el Tribunal determinó ordenar la reparación económica dado que se ha vulnerado el derecho a la dignidad de los internos que viven en condiciones precarias.
Sin embargo, la última palabra, frente a este fallo del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, la tiene el Consejo de Estado.
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