En un acto que pone de relieve los dilemas éticos dentro de la administración de justicia, el magistrado Ramiro Riaño Riaño, del Tribunal Superior de Bogotá, se declaró impedido para conocer una tutela interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El recurso busca revocar la decisión judicial que ordenó su detención domiciliaria, tras ser hallado responsable por los delitos de soborno y fraude procesal.
El caso llegó a manos del magistrado el pasado 5 de agosto. En su declaración, Riaño invocó dos causales de impedimento contempladas en el artículo 56 de la Ley 906 de 2004. A su juicio, ambas razones comprometen su imparcialidad en este proceso específico.
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Vínculo con una de las partes
La primera causal se relaciona con el nombramiento de su compañera permanente, Luz Adriana Gutiérrez Mejía, como fiscal local en Zipaquirá en el año 2013. El nombramiento fue realizado por Luis Eduardo Montealegre Lynnet, quien para entonces ejercía como fiscal general de la Nación y quien hoy figura como víctima reconocida en el proceso penal contra Uribe.
Según explicó el magistrado, esta situación podría afectar su independencia al momento de decidir: “Desde mi fuero interno, estimo la existencia de una tensión entre la gratitud por aquella vinculación y la absoluta imparcialidad que demandan las decisiones judiciales”.
Existencia de una denuncia penal
La segunda causal tiene como origen una denuncia por prevaricato que Montealegre interpuso contra el magistrado Riaño, luego de que este resolviera una medida cautelar en favor de Uribe en una tutela anterior. El togado indicó que esta denuncia lo convierte en contraparte del denunciante, lo que jurídicamente constituye un impedimento para fallar en este nuevo caso.
Solicitud formal ante la Sala Penal
Riaño recordó que ha sido apartado previamente de otros procesos en los que Montealegre también figura como interviniente. En consecuencia, solicitó a los demás integrantes de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que evalúen su declaración de impedimento conforme a los hechos expuestos y la normativa vigente.
“Pongo en conocimiento esta situación ante los demás integrantes de la Sala, para que se pronuncien al respecto”, concluyó.
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