En una audiencia realizada este 26 de noviembre de 2025, Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República y exdiputado del Atlántico, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en contratos de la Gobernación del Atlántico.
El proceso se adelanta ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Barranquilla, en el marco de una investigación por el supuesto desvío de recursos públicos a través de contratos con una fundación.
Los delitos imputados y el cambio en la acusación
Inicialmente, la Fiscalía había planteado seis delitos:
- interés indebido en la celebración de contratos
- peculado por apropiación
- tráfico de influencias
- falsedad en documento público
- falsedad en documento privado
- falso testimonio
Durante la diligencia, el ente acusador retiró el cargo de falso testimonio, argumentando que los hechos que pretendía cobijar con ese tipo penal ya estaban comprendidos en la falsedad ideológica en documento público, por lo que se concentró la acusación en cinco delitos.
La Fiscalía expuso que cuenta con elementos que apuntan a un presunto detrimento patrimonial de 111 millones de pesos, derivado de la forma en que se habrían gestionado contratos sociales desde la Gobernación del Atlántico.
Reparos de la defensa y decisión del juez
En la audiencia, Nicolás Petro manifestó que no le resultaban claros los hechos tal como fueron expuestos por la Fiscalía y señaló que los ajustes realizados durante las diferentes sesiones generaban, a su juicio, un escenario confuso que afectaba su derecho a la defensa.
El juez, sin embargo, dejó constancia de que para el despacho la imputación de cargos estaba claramente formulada y precisó que, con la diligencia surtida, Petro Burgos adquiere formalmente la calidad de imputado en este proceso penal. También le recordó sus derechos, entre ellos guardar silencio y contar con un defensor.
La Fiscalía, por su parte, reiteró que mantiene la solicitud de medida de aseguramiento contra el exdiputado, al considerar que existen riesgos procesales que justifican restricciones adicionales mientras avanza la investigación.
