La Organización de las Naciones Unidas (ONU) definió el siglo XXI como el siglo de las metrópolis. Y las cifras explican el por qué: En 2017, el 55% de la población mundial vivía en centros urbanos. En Colombia, según el último censo, el 75%. En 2100, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 85% del total de la población mundial estará en las ciudades.
En nuestro país, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) adelantó el Estudio de Ciudades (2012-2013) y estableció que en 2050, el 86% de la población colombiana se concentrará en los centros urbanos. Habrá siete ciudades con más de un millón de habitantes y se pasará de 41 a 70 aglomeraciones con más de cien mil habitantes. Cerca del 85% del Producto Interno Bruto nacional se genera en esas ciudades.
La pregunta es ¿Cómo vamos a vivir en medio de esas realidades urbanas? ¿Estamos preparados para hacerlo bajo criterios de sostenibilidad, productividad, competitividad, equidad e inclusión?
En el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, hemos venido trabajando en la definición de un modelo sistémico que nos permita resolver las problemáticas del territorio, con visión de corto, mediano y largo plazo.
En tal sentido nos hicimos varias preguntas para definir los objetivos y propósitos en esa ruta: ¿Cuál es el macroproblema del Área? ¿Es de planeación? ¿Es ambiental? ¿Es de movilidad? Cada uno respondió desde su enfoque, muchos dijeron que era de autoridad ambiental, otros de autoridad de transporte, y algunos que era de planeación de la metrópoli.
Después del debate y el análisis con los diferentes grupos y equipos de los municipios, llegamos a una conclusión: El Área Metropolitana es un esquema asociativo territorial, su mayor responsabilidad debe estar en integrar los territorios y en articular los actores institucionales públicos y privados, la academia y la ciudadanía, alrededor del desarrollo sostenible, la competitividad, la equidad y la inclusión.
Encontramos que era necesario avanzar desde un modelo de gobernanza metropolitana, que identificará con mayor claridad el macroproblema, para ello, fue fundamental desatar un diálogo para la integración y la articulación con los sectores público y privado, la academia, los empresarios, los líderes sociales, los colectivos y la ciudadanía: ”Bajo nivel de articulación y concertación para el desarrollo sostenible y sustentable, la equidad humana y territorial, la convivencia y la paz en el territorio metropolitano”..
La Gobernanza metropolitana tiene que estar sustentada en ese diálogo como eje central de la articulación multiactor y multinivel. De ahí que decidimos llevarla a todos los ejes misionales de la entidad, esto es, la planeación, el ambiente, la movilidad, la seguridad y la convivencia, la gestión y la cooperación, la comunicación pública y la movilización social.
Colocamos el diálogo en el centro del proceso de construcción del modelo de Gobernanza que le dejamos al Valle de Aburrá para que avance con concertación en el corto, mediano y largo plazo. Era fundamental entender que más allá de fortalecer la construcción física del territorio -que no podemos dejar de hacerlo-, resultaba fundamental la construcción de confianza mutua entre los actores para superar juntos los retos y desafíos, aprovechar las oportunidades, corregir las asimetrías y responder a las necesidades ciudadanas.
El punto de partida fue tener una Junta Metropolitana con enorme capacidad para concertar y ponerse de acuerdo, integradora y con visión compartida del desarrollo. Todo ese diálogo multisectorial permitió que la entidad, que venía siendo muy funcional y vista desde ciertos sectores como una secretaría de obras públicas metropolitana, asumiera un rol a la altura de los retos, desafíos y oportunidades de la agenda urbana mundial, transformándola en una organización gestora del desarrollo sostenible.
Esa ruta que definimos, avanza hacia el hábitat efectivo y afectivo del territorio, porque el crecimiento desbordado del Aburrá ha fragmentado los ecosistemas y, entonces, nuestra obligación es que no se fragmenten más y regenerarlos.
Con el diálogo, la integración y la articulación desatamos los procesos para, de forma gradual, ir migrando hacia un territorio que ajuste su modelo de ocupación, de producción y de movilidad -que cada día demanda más recursos naturales y genera más contaminación, pérdida de biodiversidad y de espacios públicos verdes-, hacia una nueva cultura de la sostenibilidad, una transición ecológica, hacia un nuevo modelo de ocupación, producción y movilidad, que se soporte en la economía circular, la descarbonización de la economía, en una baja huella de carbono; en un Valle del Aburrá, donde la equidad humana y territorial sean los objetivos superiores.
El fortalecimiento de la descentralización política, fiscal y administrativa pasa por el reconocimiento de las autonomías que son capaces de juntarse hacia modelos de desarrollo comunes. Colombia no puede seguir entre la desidia del centralismo y el enconchamiento de las autonomías municipales. Por tanto, la asociatividad debe ser el centro cierto y seguro hacia el fortalecimiento de las autonomías en un nuevo modelo de gobernanza.
A los esquemas asociativos territoriales, entre ellos las áreas metropolitanas, las provincias administrativas y de planificación o las regiones administrativas y de planificación, consagradas en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 1454/13, hay que dotarlos de más competencias y delegarle más funciones e instrumentos.
Es clave entender que estos esquemas asociativos territoriales, entre ellos las metrópolis, hoy son alternativa hacia la solución de muchos de los retos y desafíos que enfrenta nuestro país, desde sus regiones, ciudades y territorios locales. La asociatividad y la gobernanza en clave de sostenibilidad, una ruta de reequilibrio y armonización del desarrollo.
