Cuando me enteré que el presunto autor del atentado contra el senador Miguel Uribe tenía 15 años y llevaba una pistola Glock calibre 9 mm, pensé lo mismo que usted: ¿cómo es posible? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Lo van a soltar por ser menor? Y ahí es donde entramos en terreno resbaloso, porque Colombia tiene una ley clara, pero un sistema que ya huele a agotado.
Primero, pongamos en contexto. En Colombia, desde los 14 años un menor puede ser penalmente responsable. Así lo establece la Ley 1098 de 2006, mejor conocida como el Código de Infancia y Adolescencia. No estamos hablando de impunidad. Pero tampoco de cárcel como la conocemos. En vez de prisión, se aplican medidas pedagógicas, restaurativas y sancionatorias en centros especializados. ¿La sanción máxima? Ocho años de privación de libertad, incluso si se trata de un intento de homicidio agravado como este.
Ahora, el adolescente no puede ser juzgado como adulto, eso lo sabemos. Pero lo que no se dice tanto es que la Corte Constitucional -en sentencias- ya había advertido que el SRPA debe ser firme frente a crímenes graves, porque no se trata solo de reeducar, sino de proteger a la sociedad. Sí, hay derechos del menor. Pero también hay derechos de las víctimas, y esos pesan. Y deberían pesar más.
Este no es un caso de un joven que robó un celular. Es un intento de magnicidio. Un ataque directo contra una figura pública en campaña electoral. No podemos tratarlo con la misma lupa con la que se analiza una riña escolar. Según la Fiscalía, el joven disparó más de una vez. Lo hizo con un arma de guerra, no con una navaja oxidada. Y lo más escalofriante: lo hizo con determinación, frente a una multitud.
¿Sabía usted que en Colombia más de 6.800 menores fueron aprehendidos en 2023 por delitos graves, incluyendo homicidio, porte ilegal de armas y concierto para delinquir? ¿Sabía que varias bandas criminales, como el Clan del Golfo o los Pachenca, usan menores como sicarios y correos de armas porque conocen perfectamente las brechas del sistema penal juvenil? Eso no lo digo yo, lo reporta el ICBF y lo ha advertido la Procuraduría.
Aquí no hay espacio para ingenuidades. La Corte Constitucional fue enfática: el juez puede y debe aplicar detención en centro especializado cuando el menor representa un riesgo evidente. Y si hay un caso que cumple todos los criterios, es este.
¿Y qué pasa si el menor es instrumentalizado por una red criminal? Entonces se abre otra puerta jurídica: la responsabilidad penal de terceros. Si se comprueba que alguien lo reclutó, entrenó o pagó, esa persona debe responder por autoría mediata o instigación agravada, con penas ordinarias. Aquí no solo hay un adolescente con un arma. Hay una estructura detrás. O peor: hay un vacío del Estado que permitió que alguien de 15 años estuviera al borde de convertirse en asesino político.
Yo no creo en la venganza judicial. Pero tampoco en el romanticismo penal. Colombia necesita revisar el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, no para convertirlo en una guarida de menores, sino para evitar que siga siendo el escondite perfecto de estructuras criminales que ya entendieron cómo mover sus piezas menores en el tablero.
Hoy, el país entero está mirando al hospital donde permanece el senador Miguel Uribe y también al adolescente bajo custodia policial. Pero la pregunta más incómoda no es jurídica, es moral: ¿cuántos menores más serán reclutados antes de que aceptemos que el sistema, tal como está, dejó de proteger a los que debía?
No es un caso aislado. Es un síntoma. Y negar el síntoma es dejar crecer la enfermedad.
