El 26 de junio de 2025 presenté ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia formal contra Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín y exfiscal delegada contra el crimen organizado. No fue un acto improvisado, ni mucho menos un ataque personal, fue el resultado de escuchar testimonios públicos y revisar hechos que, de comprobarse dejan al descubierto un entramado de favores, pactos y complicidades que han marcado la política de Medellín en los últimos años.
Claudia Carrasquilla no es una figura cualquiera, pues su paso por la Fiscalía la proyectó como una funcionaria con poder, con acceso a expedientes delicados y con la reputación de ser una mujer dura contra el crimen. Sin embargo, su salida del ente acusador estuvo rodeada de señalamientos internos y rumores sobre su cercanía con sectores políticos que hoy controlan Antioquia. De la Fiscalía saltó al Concejo de Medellín, apadrinada por quienes han construido su discurso sobre la supuesta transparencia y la seguridad, sus amigos más cercanos no son líderes sociales ni defensores de lo público, sino dirigentes que posiblemente han convertido la política en un negocio privado.
Lo que detonó la denuncia fueron las declaraciones de alias Douglas en RTVC Noticias. Frente a las cámaras, afirmo que Carrasquilla, siendo fiscal, habría pactado con Gustavo Villegas, entonces secretario de Seguridad, un preacuerdo para proteger judicialmente a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín entre 2016 y 2019, las palabras fueron claras, Carrasquilla “siempre manejó la Fiscalía”. Incluso habló de una videollamada reciente de dos horas y de encuentros en restaurantes con criminales.
El mismo día, alias Douglas y alias Pesebre fueron más lejos y tocaron directamente la médula del poder político en Medellín. Afirmaron que apoyaron la campaña de Federico Gutiérrez en 2016, que sostuvieron reuniones clandestinas en el sótano de La Alpujarra y que, a petición de las estructuras criminales, se nombró a Gustavo Villegas como secretario de Seguridad. Dicho de otra manera, la política de seguridad de la ciudad no habría sido el resultado de un diseño institucional, sino posiblemente de un pacto con cabecillas ilegales.
Por eso, el 26 de junio formalicé la denuncia solicitando a la Fiscalía General de la Nación que abriera investigación y el 1 de septiembre recibí la notificación de la apertura de indagación preliminar por el delito de tráfico de influencias. En otras palabras, de confirmarse los hechos denunciados, Claudia Carrasquilla pasaría de juzgar a ser juzgada, enfrentando una pena cercana a los 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo, lo que conllevaría su muerte política.
El peso de la ley no puede recaer únicamente sobre Claudia Carrasquilla. Los testimonios revelan que detrás de ella hay más actores y es imperativo que también sean llamados a responder quienes, desde cargos de poder habrían participado o presuntamente se beneficiaron de estos pactos. Medellín y Antioquia no pueden seguir atrapadas en un modelo de gobernabilidad cimentado en la connivencia con estructuras ilegales. La justicia debe llegar hasta el fondo porque lo que está en juego no es solo la suerte de una concejal, sino la dignidad misma de nuestras instituciones, de la misma Fiscalía.
Es justamente por esa dignidad institucional que no podemos normalizar que la política se convierta en un mercado de favores disfrazado de seguridad y transparencia. La verdad es incómoda, pero impostergable, quienes han hecho de la política un negocio privado deben responder ante la ciudadanía.
Medellín y Antioquia merecen dirigentes limpios, con respaldo electoral legítimo, sin jugaditas ni atajos turbios y verdaderamente comprometidos con la gente. Desde el Pacto Histórico seguiremos insistiendo en que la democracia no puede permanecer capturada por quienes venden el poder al mejor postor; llegó la hora de romper ese círculo vicioso y devolverle a la política su esencia, un ejercicio democrático al servicio del pueblo.
