La relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa hoy un momento de tensión que, a mi juicio, no proviene tanto de los gobiernos como de los provocadores —los “aimberos”, como decimos en la Costa—, que a punta de chismes y desinformación buscan quebrar un vínculo histórico entre dos naciones que, con altibajos, han cooperado durante décadas. Durante años, la diplomacia fue un espacio de respeto mutuo y sensatez.
En tiempos del presidente Gustavo Petro y del expresidente Joe Biden, la relación se basó en el reconocimiento de la independencia de las naciones y en la búsqueda de cooperación sobre la base de la igualdad. Nada que ver con los años en que Colombia fue tratada como el patio trasero de una potencia, en una relación desigual entre amo y vasallo. En ese pasado, los únicos beneficiados eran los poderosos del norte y las élites locales que, al hablar, parecían más hijos del Tío Sam que de esta tierra mestiza, negra e indígena.
Con el retorno de Donald Trump al protagonismo político estadounidense reaparecen los vientos de soberbia imperial. El viejo guión del “gringo de película mala”, con su discurso de odio y racismo, vuelve a intentar imponer una visión del mundo en la que América Latina debe obedecer. En nombre del “combate al narcotráfico” se justifican bombardeos indiscriminados, sanciones unilaterales y presiones para promover intervenciones militares, como la que algunos sectores aún sueñan en Venezuela.
Pero América Latina ya no es terreno para reediciones de Vietnam. Trump incluso llegó a solicitar el uso de bases aéreas colombianas para operaciones militares. En el pasado, otros gobiernos habrían accedido sumisamente, convirtiendo al país en instrumento de intereses ajenos. Hoy, con Gustavo Petro en la Presidencia, Colombia ha dicho no. Ha trazado límites claros frente a la injerencia extranjera, reafirmando que la cooperación no puede confundirse con subordinación.
Esa postura ha encendido las “tulias” políticas del país —las de salón, las de micrófono fácil— que, al mejor estilo del Flecha de David Sánchez Juliao, cruzan el continente con maletas llenas de tamales y chismes para azuzar, desde Washington o Miami, la desinformación contra Colombia y su gobierno. Entre esas “doñas Tulias” hay de todo: exmandatarios, exministros, congresistas, opinadores y hasta candidatos caricaturescos que en el pasado fungieron como informantes de agencias extranjeras.
De esas intrigas surgieron las acusaciones infundadas contra Petro: supuestos vínculos con el narcotráfico que no resisten el más mínimo análisis. Fue el propio presidente quien puso en conocimiento de las autoridades las actuaciones de su hijo y de su hermano, demostrando transparencia. En un Estado de Derecho, las responsabilidades son individuales, no hereditarias ni políticas.
Si algún funcionario del Gobierno incurriera en irregularidades, deberá responder ante la justicia, incluso ante la estadounidense si los hechos involucraron su sistema financiero. Pero de ahí a generalizar y señalar al presidente hay un abismo. Una cosa es exigir transparencia, y otra muy distinta es convertir los tribunales norteamericanos en tribunas politiqueras manipuladas por sectores interesados en debilitar a un gobierno elegido democráticamente. Colombia no es ni será una colonia.
A quienes desde la oposición sueñan con una Colombia subordinada les recuerdo que el pueblo ya despertó. El 26 de octubre fue solo una señal. En las próximas elecciones volverán a escucharlo, alto y claro: este país quiere independencia, respeto y justicia social, no imposiciones disfrazadas de amistad.
