La Educación en Colombia es una deuda histórica que el Estado sigue sin saldar. Mientras los discursos oficiales nos venden la idea de avances y reformas, la realidad en las aulas cuenta otra historia: desigualdad estructural, falta de inversión y un modelo educativo que parece diseñado más para cumplir con burocracias internacionales que para transformar el país.
Los datos no mienten. Según el informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, los estudiantes de zonas rurales obtienen puntajes significativamente más bajos en las pruebas Saber 11 en comparación con sus pares urbanos. Mientras en ciudades principales se alcanzan promedios de 270 puntos, en regiones apartadas apenas superan los 220. Esto no es una diferencia menor, es una sentencia que define el futuro de miles de jóvenes, condenándolos a oportunidades limitadas y perpetuando el círculo de la pobreza.
Pero aquí no se trata solo de techos rotos, tableros viejos o libros escasos. El problema es mucho más profundo: no hay una política educativa seria, estructurada y de largo plazo. En lugar de atacar las causas de la crisis, el Ministerio de Educación se enfoca en maquillar cifras y cumplir con estándares internacionales que no responden a la realidad nacional. Nos venden la educación por competencias como la panacea, pero sin garantizar formación docente de calidad, sin actualizar los currículos y, lo más grave, sin escuchar a quienes realmente viven la educación: los maestros y los estudiantes.
Y luego está la privatización encubierta de la educación pública. Bajo el disfraz de “alianzas público-privadas”, se está consolidando un sistema donde la calidad depende de la capacidad de pago. Las universidades públicas, que deberían ser el bastión del acceso equitativo, sufren recortes presupuestales que las dejan sin herramientas para responder a la creciente demanda. Mientras tanto, los sectores privados aprovechan la crisis para lucrarse con lo que debería ser un derecho fundamental.
Nos venden espejismos en forma de reformas educativas que no tocan la raíz del problema. De nada sirve repartir tablets sin internet ni aumentar el número de licenciados si siguen mal pagados y sin estabilidad laboral. La educación debe ser un derecho garantizado con inversión real, con formación docente de calidad y con currículos que preparen a los jóvenes para un mundo en constante cambio.
La Educación no es un favor ni una dádiva de ningún gobierno de turno. Es la base del desarrollo, la equidad y la justicia social. No podemos seguir permitiendo que la educación sea el botín político de cada administración. Es hora de exigir políticas que respondan a las verdaderas necesidades del país y no a intereses de corto plazo. Porque la educación no se improvisa, se construye con visión, compromiso y, sobre todo, con la voz de quienes la viven día a día en las aulas.
