Gustavo Petro llegó al poder con un discurso que sedujo a millones: acabar con la política tradicional, con el clientelismo, con la corrupción y con la mermelada. El otrora senador construyó su carrera señalando los vicios del sistema y denunciando, con razón, injusticias históricas como las de La Guajira. Muchos colombianos se ilusionaron con la idea de que, por fin, el poder sería distinto. Pero, con todo el respeto que merecen quienes votaron por él, nada de lo que hoy ocurre debería sorprender.
Desde el primer día de campaña, Petro se rodeó de lo peor de la clase política. Los llamados petrovideos dejaron al descubierto una forma de hacer política que poco tenía de cambio: menciones de acabar con el adversario, llamados explícitos a cruzar la línea ética y una estrategia basada en el “todo vale”. Esa fue la campaña. Y, como suele ocurrir, como se hace campaña, se gobierna.
La rapidez con la que estallaron los escándalos de corrupción y el hecho de que provinieran del primer anillo de confianza del presidente y de su propio hijo dicen mucho del proyecto político que llegó al poder. No habían llegado y ya estaban desfalcando al país. Ni siquiera intentaron gobernar con decencia.
El caso de Nicolás Petro no fue una sorpresa para el mundo político. Desde la primera campaña presidencial, se conocieron documentos en los que firmaba compromisos económicos a nombre de su padre, prometiendo pagos futuros cuando llegara al poder, poniendo como garantía cargos y contratos del Gobierno. En esa ocasión Petro no ganó, pero hoy ya van casi tres años de Gobierno y todos sabemos cómo terminó la historia del hijo del presidente.
La pregunta es inevitable: si eso era de conocimiento público, si en los corrillos políticos se hablaba abiertamente de las andanzas de Petro Jr., ¿por qué el presidente le dio un rol tan importante en la campaña y le permitió influencia en su Gobierno?
Con el primer anillo ocurre exactamente lo mismo. César Manrique, hoy prófugo de la justicia, era un amigo cercano y compañero de camino del presidente, y ya tenía una imputación por corrupción derivada de su paso por la Alcaldía de Bogotá durante la administración de Petro.
La pregunta es inevitable: ¿para qué lo nombró?
Carlos Ramón González, otro hombre de confianza del presidente, proviene de la militancia en el M-19 y durante años ha sido un político y empresario rodeado de cuestionamientos. Ya en 2023 se conocían contratos millonarios en el sector salud que despertaban serias dudas sobre su actuación.
El exministro Luis Fernando Velasco, por su parte, es un político con múltiples cuestionamientos, cuya reputación —incluso en los propios corredores del poder— dista mucho de ser ejemplar.
Y así podríamos seguir enumerando nombres. No fue mala suerte. Fue una decisión consciente rodearse de personas con antecedentes, cuestionadas y con intereses conocidos, cuyo principal objetivo era sacar provecho de los recursos públicos.
Frente a todo esto, la defensa del presidente ha sido tan predecible como indignante: “¿Cómo iba yo a saber que iban a ser corruptos?”. Ese argumento no es creíble.
Es cierto que ningún presidente puede controlar cada acto de cada funcionario. Pero lo que sí es su responsabilidad indelegable es nombrar personas probas, sin historiales oscuros, sin imputaciones, sin señalamientos graves. De lo contrario, no puede fingir sorpresa ni demencia.
¿De verdad creyó que todos ellos iban a comportarse como la Madre Teresa de Calcuta? No nos hagan reír.
Si el presidente decidió gobernar de la vieja manera, entregando cupos indicativos —es decir, permitiendo que congresistas gestionen recursos del presupuesto para luego imponer contratistas a alcaldes y gobernadores—, entonces decidió permitir que se robara. Y no hay diferencia moral ni política entre quien roba y quien lo permite. Al final, los perjudicados son siempre los mismos: los ciudadanos, especialmente los más vulnerables.
Por eso, cuando se pregunta si Petro es responsable de la corrupción de su Gobierno, la respuesta es clara: sí lo es. Y no debería escandalizarnos decirlo. Él no tuvo reparos en señalar y condenar a otros cuando estaba en la oposición. Hoy no puede exigir indulgencia.
Señor presidente, a lavarse las manos a otra parte. Usted debe responder políticamente por lo que ocurre en su Gobierno. Aunque la Comisión de Acusaciones de la Cámara sea, como siempre, un chiste y un monumento a la impunidad presidencial, la responsabilidad política existe, y la historia no suele ser indulgente con quienes prometieron cambio y terminaron repitiendo —o agravando— los peores vicios del pasado.
Adenda:
Ensordece el silencio del candidato Iván Cepeda frente a los recientes ataques del ELN que han dejado decenas de muertos. No es un silencio menor ni casual. Cepeda ha sido uno de los principales arquitectos de la llamada “paz total” y además negociador con el ELN. Los resultados están a la vista: más violencia, más víctimas y un silencio cómplice de quienes promovieron esta política.
