En Colombia la justicia suele caminar despacio, pero cuando avanza deja huellas imborrables. La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la condena contra Jorge Visbal Martelo es una de esas señales que, aunque tardías, confirman lo que por años se denunció desde los territorios: que el paramilitarismo no fue un fenómeno espontáneo ni marginal, sino un proyecto político, económico y militar con conexiones en las más altas esferas del Estado. La ratificación de la condena a nueve años de prisión por concierto para delinquir agravado no solo desenmascara al expresidente de Fedegán como asesor ideológico de las AUC, sino que también pone bajo la lupa a quienes, desde el poder, le abrieron las puertas de la institucionalidad.
Visbal Martelo no fue un simple ganadero de provincia. Durante más de una década, al frente de Fedegán, representó los intereses de un gremio que, bajo su mando, se convirtió en soporte económico y político de los grupos paramilitares. Según la Corte, su rol fue mucho más allá del discurso gremial: actuó como articulador de estrategias con Carlos Castaño y otros jefes de las autodefensas, legitimando la expansión violenta de estos grupos en el Caribe y el Bajo Cauca. Su presencia en fincas cordobesas y su papel de consejero de los comandantes paras lo convirtieron en pieza clave del engranaje criminal.
Lo más grave, sin embargo, es que con semejante prontuario, Jorge Visbal Martelo transitó sin obstáculos por los más altos cargos públicos. En 2004 fue designado embajador en Canadá por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. En 2007 llegó al Senado como ficha del proyecto uribista. Y en 2011 fue nombrado embajador en Perú por el gobierno de Juan Manuel Santos, cargo que ocupó hasta que la justicia lo alcanzó en 2012. ¿Cómo es posible que alguien con tan claros vínculos con los paramilitares haya representado al país en el exterior y legislado en su Congreso? La respuesta está en la connivencia y la omisión: los silencios cómplices de un sistema político que permitió que los asesores de Castaño se disfrazaran de diplomáticos.
Este caso no es aislado. Hace parte de la larga y oscura lista de la parapolítica, esa alianza maldita entre políticos, empresarios y paramilitares que corroyó las instituciones colombianas en las últimas décadas. Pero Visbal representa un eslabón especial: es la conexión directa entre el discurso gremial de los ganaderos, el proyecto paramilitar y los gobiernos que lo avalaron con nombramientos diplomáticos y curules en el Congreso. Es, en otras palabras, el rostro institucional de la parapolítica.
No podemos olvidar el contexto. Entre 2002 y 2010, mientras la “seguridad democrática” se consolidaba como el estandarte del uribismo, el país fue testigo de la legitimación de figuras como Visbal. Mientras se hablaba de derrotar al terrorismo, se entregaban embajadas a quienes hacían parte de la estrategia política de las AUC. Mientras se hablaba de recuperar la confianza inversionista, se cerraban los ojos ante el despojo violento de tierras que benefició a sectores cercanos a gremios como Fedegán. La doble moral fue evidente: seguridad para unos, silencio para otros, impunidad para los aliados.
Hoy la ratificación de la condena a Jorge Visbal Martelo tiene un valor simbólico y político que va más allá de su encarcelamiento. Representa la confirmación judicial de que el Estado fue infiltrado y que sectores cercanos al uribismo no fueron simples espectadores, sino protagonistas activos en el proyecto paramilitar. Cada embajada, cada curul, cada aplauso que recibió en su carrera pública fue un insulto a las víctimas del paramilitarismo. Cada foto en actos oficiales es hoy un recordatorio de la profundidad de esa alianza que se quiso negar.
Es imposible desligar este caso del legado de Álvaro Uribe Vélez. Fue bajo su gobierno que Visbal Martelo llegó a representar a Colombia en Canadá, y fue bajo el paraguas de su movimiento político que alcanzó el Senado. Negar esa relación sería una burla a la memoria colectiva. No se trata de culpas automáticas ni de condenas colectivas, pero sí de reconocer que el uribismo convivió, se benefició y legitimó a personas que hoy son señaladas judicialmente como engranajes del paramilitarismo.
La condena a Jorge Visbal Martelo debe servir como advertencia y como lección. Advertencia, porque demuestra que tarde o temprano la justicia alcanza incluso a quienes creyeron estar blindados por el poder político. Lección, porque recuerda que las instituciones no pueden seguir siendo utilizadas como refugio para criminales de cuello blanco o aliados de la violencia. Si Colombia quiere construir una democracia sólida, necesita romper de una vez por todas con esa tradición de impunidad que ha permitido que asesores de Castaño porten la banda diplomática y legislen desde el Capitolio.
