El pasado 3 de marzo, Medellín fue escenario de un operativo que debería indignar a toda la ciudadanía. Empresas Públicas de Medellín (EPM), bajo la dirección del alcalde Federico Gutiérrez llevó a cabo un procedimiento en el barrio La Cruz para suspender el suministro de agua. Pero lo realmente alarmante es que presuntamente se realizó con la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía y miembros del Ejército Nacional como si se tratara de un enfrentamiento con criminales y no de una comunidad vulnerable compuesta por más de 500 familias.
La justificación de EPM es ilógica, pues alegan que la normatividad vigente les impide prestar el servicio de acueducto y alcantarillado en la zona, pero aquí hay una contradicción evidente, EPM no es una empresa privada, sino una empresa comercial del estado colombiano cuya misión es garantizar la prestación de servicios esenciales, no negarlos, no puede esconderse detrás de tecnicismos para justificar una acción que vulnera derechos fundamentales.
Lo ocurrido en La Cruz no es solo un abuso administrativo, sino una violación flagrante de los derechos humanos. El agua no es un lujo ni un privilegio; es un derecho fundamental, reconocido a nivel internacional y protegido por nuestra Constitución. Un juez, al comprender la gravedad de la situación ordenó restablecer el servicio, dejando en evidencia que la comunidad tenía la razón y que la administración presuntamente en su afán de imponer la fuerza sobre la justicia, actuó de manera errónea.
Pero esto no es un caso aislado, hace parte de un modelo de gobierno que privilegia la represión sobre el diálogo, intereses personales sobre la protección efectiva de los derechos. ¿Desde cuándo el uso de la fuerza es la respuesta a la pobreza? La Cruz no es un enclave de delincuentes; es un asentamiento donde sobreviven personas desplazadas, madres cabeza de familia, ancianos, niños, sujetos de especial protección constitucional.
Comunidades como la del barrio La Cruz, históricamente relegadas y olvidadas por los partidos tradicionales, siguen siendo víctimas de un sistema que les niega lo más básico. La administración no puede seguir ignorando su responsabilidad, es urgente garantizar el acceso al mínimo vital, así como programas reales de educación, empleo y oportunidades que rompan el ciclo de pobreza.
Este tipo de hechos envía un mensaje preocupante: ¿qué puede esperarse de una administración que, presuntamente de manera arbitraria, decide dejar sin agua a 500 familias de un momento a otro, sin ofrecerles alternativas ni soluciones? ¿Qué sigue mañana? ¿Más desalojos forzosos? ¿Militarización de la pobreza? Medellín, que alguna vez fue símbolo de resiliencia y transformación social, parece estar regresando a tiempos oscuros, donde la respuesta a la desigualdad era la imposición de la fuerza.
